Una sola acción puede ser criticada por diferentes razones. En la polémica generada por el nombramiento de Alberto Carrasquilla como nuevo codirector del Banco de la República hay una pluralidad de argumentos para criticar esa decisión. Cada uno de ellos refleja un problema distinto.
En primer lugar, el nombramiento demuestra la ausencia de un sentido de la responsabilidad política. Un hecho social no es solo el resultado de un conjunto de causas sino también de ciertos detonantes que activan esas cadenas causales. El estallido social del segundo trimestre de este año fue resultado de una compleja combinación de factores. Sin embargo, la reforma tributaria fue el florero de Llorente no solo por su contenido sino por la arrogancia con la que Carrasquilla defendió esa iniciativa. Siendo el ministro de Hacienda durante la pandemia optó por una política fiscal cicatera precisamente cuando lo que se requería era un gasto que –financiado con una tributación progresiva- permitiera hacerle frente a una situación excepcional. Los resultados de su gestión como ministro no pueden ser medidos solamente con indicadores económicos -que también son de vida o muerte- sino con las dolorosas cifras del paro nacional. No ser el único responsable no es lo mismo que no tener responsabilidad. El de Carrasquilla no es el primer caso con el que queda claro que la noción de responsabilidad política carece de valor para el gobierno. Como bien dijo alguien en las redes sociales, el lema no es “el que la hace la paga” sino “al que la hace, se le paga”.
En segundo lugar, está el problema de la cooptación de poderes por parte del presidente. La Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría y ahora la junta directiva del emisor, están en manos de amigos y partidarios de Duque. Eso erosiona el sistema de pesos y contrapesos necesario para el funcionamiento del Estado de Derecho. Una tercera razón para criticar el nombramiento corresponde a la falta de coherencia del funcionario. Como académico, Carrasquilla recomendó hace algún tiempo –para reforzar la independencia de la banca central- que alguien que hubiera ocupado una posición en el Ejecutivo al menos dos años antes, no debería ser miembro o gerente de la junta del banco. Estoy de acuerdo con Rodrigo Uprimny: “Es válido cambiar de opiniones, pero la coherencia exige una justificación de esos cambios”. El cuarto argumento es que ahora solo hay una mujer en la junta directiva del Banco. Cuando la hija de la exministra Arango fue nombrada hubo controversia porque es larga la lista de economistas más preparadas que ella en política monetaria.
Finalmente, está el argumento de la erosión de la independencia de la banca central frente al gobierno. Aunque esto tiene que ver con el tema de los pesos y contrapesos, el debate aquí debe ir más allá. Juanita Villaveces y Diego Guevara, profesores de la Universidad Nacional, plantearon adecuadamente el problema al señalar que la cuestión no es tanto la falta de independencia como la falta de pluralidad en la composición de la junta. El hecho de que la mayoría de los codirectores provengan de una misma universidad y adhieran al enfoque monetarista de Milton Friedman y Robert Lucas, impide sopesar apropiadamente entre inflación y crecimiento sostenible al perder de vista que la inflación también tiene que ver con problemas de productividad y al descartar la posibilidad de enriquecer la deliberación, en la junta, con los aportes de economistas capaces de analizar la política monetaria desde diferentes orientaciones teóricas. El nombramiento de Carrasquilla pone en duda la independencia frente al gobierno, pero no la hegemonía del conservadurismo financiero.