Ellos abrieron una caja pero no dispersaron sus males por el mundo. Lo que hicieron fue revelar a una buena parte de quienes, con su codicia, aumentan la desigualdad, profundizan la pobreza y debilitan la capacidad de los Estados para garantizar el acceso de sus ciudadanos a condiciones dignas de vida. Corrieron el velo para develar la hipocresía de toda suerte de avivatos llenos de artimañas y de poder para eludir y evadir sus obligaciones fiscales. Individuos que traicionan a sus comunidades políticas. A esos avivatos les aplica lo dicho por Mafalda: “Nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás”. Durante dos años un equipo internacional de seiscientos periodistas de investigación escudriñó millones de archivos y datos que pusieron en evidencia a compañías y personas naturales (buena parte de ellos políticos y funcionarios gubernamentales de alto nivel) que tienen inversiones en paraísos fiscales o en países -o territorios de estos- cuyos regímenes tributarios brindan tantos beneficios que, aunque no están etiquetados como tales, facilitan prácticas similares. Entre los periodistas colombianos que participaron en esa investigación están María Teresa Ronderos, Ignacio Gómez y Gerardo Reyes.
Hay algo fundamentalmente dañado en el ethos de una sociedad cuando un expresidente o un alto funcionario del Estado amasan una gran fortuna. Un sueldo alto en el Estado da para vivir muy bien pero no alcanza para comprar propiedades lujosas, abrir cuentas abultadas en el exterior y realizar inversiones enormes en diferentes países. Si un político o un funcionario no es heredero de una gran fortuna ni tampoco un próspero empresario que “se mete” a la política ¿por qué termina siendo rico? Seguramente, por razones diferentes a su “apego al interés público” y su “vocación de servicio”. No solo acumulan una gran fortuna; también buscan esconder o dejar una parte de ella en las sombras. En Colombia ocurren cosas como que un fiscal anticorrupción termina montando un mercado de compra y venta de sentencias judiciales o que el director de la agencia encargada de recaudar los impuestos es dueño de firmas y cuentas en lugares como Dubái, Panamá y Delaware, un pequeño estado gringo del que se dice que tiene más empresas que habitantes y donde estas pueden operar en forma anónima. Es posible que en la conducta del señor Junco no haya nada ilegal. No obstante, un director de la Dian no debería generar las dudas que sus inversiones inevitablemente producen. El banco de sangre no puede ser puesto al cuidado ni de un vampiro ni de alguien que lo parezca.
En el fondo de la caja hay una esperanza. Desafortunadamente es todavía leve, insuficiente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) logró el respaldo de 136 países para crear un impuesto global del 15% a las multinacionales. La competencia entre países para atraer inversiones con bajos impuestos es una verdadera trampa. A la larga, los empobrece a todos. El impuesto a las multinacionales debería estar acompañado de un compromiso internacional para la eliminación de los paraísos fiscales. Tiene razón el exministro José Antonio Ocampo al manifestar su incomodidad con la propuesta porque el impuesto planteado está por debajo de la tasa media de tributación de los países de la OCDE (25%). Además, este debe beneficiar a los países donde las empresas operan y no solo a aquellos en los que tienen su sede. Mientras en el mundo gana espacio el reconocimiento de la tributación como instrumento para la equidad, en Colombia, la tendencia sistemática de las élites a eludir la financiación de los bienes públicos dispersa toda clase de males por una geografía plagada de dolor e injusticias.
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