Siempre hay una brecha entre la percepción que tienen los ciudadanos sobre la seguridad y las cifras efectivas de victimización. Lo cierto es que una percepción negativa sobre la seguridad es tan problemática como las malas cifras. Sin embargo, aunque la brecha persista, en este año tanto cifras como percepción van en la misma preocupante dirección en Bogotá y en otras ciudades del país.
Las calles son y parecen cada vez más peligrosas. Luego de haber estado confinada, la gente enfrenta al salir de sus casas una de las consecuencias del pésimo manejo que el gobierno le dio a la pandemia. El confinamiento fue la principal medida para reducir la velocidad de propagación del virus. Evidentemente, el mayor impacto de esa decisión lo sufrieron los trabajadores informales que vieron desaparecer de un momento a otro sus medios de subsistencia mientras las medidas de asistencia social resultaron muy inferiores a las necesidades y con recursos muy limitados por el mediocre esfuerzo fiscal del gobierno. El resultado lo vimos en las cifras que reportó el Dane el pasado mes de mayo: aumento alarmante de la pobreza y la desigualdad.
En una revisión de las cifras sobre desempleo juvenil y homicidios en Colombia que hice hace unos años encontré dos resultados contundentes. Primero, hallé que para el año 2015 la relación entre tasa de desempleo juvenil (entre 14 y 28 años de edad) y tasa de homicidios en los 32 departamento del país era estadísticamente muy estrecha y significativa. Luego, tomé la evolución de ambas variables entre 2001 y 2015 y la relación resultó aún más estrecha. No quiero decir con esto que el desempleo juvenil sea la única causa de la inseguridad ciudadana, la cual, evidentemente, involucra muchas otras variables además de la tasa de homicidios. Sin embargo, lo que sí recalco es que la seguridad ciudadana no es independiente de las condiciones sociales y especialmente de las oportunidades productivas, educativas y lúdicas de la juventud. Así que las políticas públicas de seguridad ciudadana necesitan de un contexto socioeconómico favorable y de una adecuada coordinación con las políticas sociales y de desarrollo.
Frente al deterioro tanto de la percepción como de las cifras de la seguridad ciudadana en Bogotá, Claudia López propuso la figura de la asistencia de la policía militar para patrullar zonas críticas de la ciudad. Convencido de que Claudia es una de las líderes más valiosas del país y que tiene muchos más aciertos que fallas en su administración, me parece que se equivoca proponiendo esta medida.
En primer lugar, el involucramiento de los militares en la seguridad de Bogotá significa admitir que la policía no cuenta con las capacidades ni los recursos suficientes para garantizar la seguridad. Ciertamente, es urgente una verdadera reforma de la policía que vaya más allá de un mero cambio de uniformes y colores. Sin embargo, las fallas de los policías no se corrigen mandándolos a las calles acompañados de militares. En segundo lugar, las funciones del ejército están relacionadas con la defensa nacional, no con la seguridad ciudadana. Si una policía militarizada como la nuestra tiene dificultades para relacionarse con la ciudadanía, los militares aún más porque esa no es su tarea.
Tercero, hay estudios que muestran que la seguridad no mejora realmente con patrullas militares. De hecho, cuando estas terminan suele haber un rebrote de la inseguridad.  Cuarto, esto puede generar un efecto de mayor militarización de la propia policía. En lugar de poner a los militares a patrullar hay que trabajar más en inteligencia, tecnología (cámaras, biometría) y, sobre todo, diálogo con las comunidades.