Cada persona suele pensar que sus circunstancias constituyen siempre un caso especial. Con frecuencia cada país es visto por sus ciudadanos como excepcional: “esto solo pasa aquí” es una expresión recurrente que puede ser usada tanto para cosas particularmente buenas como para aquellas especialmente malas. Es obvio que los países pueden ser clasificados en múltiples grupos según las características que se tomen en cuenta. Todos tienen algunas cosas en común y entre todos hay diferencias. Es por eso que los estudiosos de la política comparada desconfían, generalmente, de la reivindicación de algún caso como algo verdaderamente excepcional. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la guerra y la paz, hay algunas razones que podrían convencernos de ciertas “excepcionalidades colombianas”. 
Colombia ha sido por décadas una democracia. De hecho, antes del colapso de la partidocracia venezolana, nuestro país era considerado junto con Costa Rica y Venezuela, una de las democracias más antiguas de América Latina. Una democracia cuyo ejercicio real ha estado mucho más lejos del ideal normativo que otras. De todos modos, una guerra civil de larga duración en una democracia -aún de mala calidad- no es algo común. 
Los conflictos armados de América Latina (El Salvador, Nicaragua, Guatemala) terminaron con acuerdos de paz luego del fin de la Guerra Fría. En Perú, un país en el que las Fuerzas Armadas lideraron en la década de los setenta la reforma agraria y no eran percibidas como un ejército de ocupación, Sendero Luminoso fue prácticamente derrotado. En cambio, en Colombia la guerra se intensificó y nuestro país, con un nivel medio de desarrollo económico, se convirtió, al lado de Haití, en uno de los dos grandes dramas humanitarios del hemisferio occidental.
A pesar de haber firmado una decena de acuerdos de paz en los últimos treinta años, seguimos en guerra. El acuerdo firmado con las Farc ha sido destacado por analistas internacionales como uno de los más completos y sofisticados alcanzados en un país agobiado por una guerra duradera. Un acuerdo firmado en un contexto global que exige parámetros más estrictos de justicia transicional. Además, un acuerdo que incluye una reforma rural que en un contexto de economía de mercado busca la promoción tanto de la agricultura comercial como de la economía campesina. Un acuerdo que crea un complejo entramado institucional orientado a levantar una infraestructura estatal en las zonas más afectadas por la guerra, el abandono y la pobreza. No obstante, ese acuerdo fue rechazado en las urnas y los votantes eligieron un gobierno adverso al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado. 
El presidente Duque ha dicho que implementará el acuerdo. Sin embargo, esa declaración no concuerda con la falta de compromiso político y financiero de su administración para cumplir lo pactado. De hecho, entidades clave para el desarrollo de los acuerdos han quedado en manos de personas que se opusieron a ellos. El caso de los protocolos del Eln demuestra que el gobierno no es consciente de que cada gobierno debe respetar los compromisos adquiridos por el Estado colombiano. Cerrar las puertas para una eventual negociación futura, cuando las condiciones estén dadas para ello, es ignorar que el presidente es el jefe del Estado y que como tal, tiene restricciones para llevar a cabo su agenda de partido. 
Los sectores ultraconservadores lograron capitalizar por décadas la rabia de los colombianos contra las Farc. También sacaron partido de la debacle venezolana. Con el cuento del castrochavismo ganaron las elecciones y ahora Colombia es un país que además de no lograr una paz completa porque quedó faltando el acuerdo con el Eln, ahora corre el riesgo de echar a perder el acuerdo parcial de paz firmado con las Farc. 
Así como los horrores de las Farc fueron los mejores promotores de las opciones políticas de la ultraderecha, ahora las acciones demenciales del Eln le brindan a aquella una oportunidad de oro para terminar de sabotear el proceso de transición hacia la paz y usar la guerra como coartada para evitar las reformas políticas y sociales que por décadas se han visto frustradas o aplazadas. Ciertamente, somos un país excepcional por razones que no son motivo de orgullo.