Hubo alternancia y ese resultado es, en buena medida, una consecuencia del acuerdo de paz entre el Estado y la otrora guerrilla de las Farc. A pesar de la persistencia de las disidencias, del ELN y de varios grupos armados que prosperan en medio de las economías ilegales, a pesar de la paz violenta en la que estamos y de los riesgos de que esta nos arroje a un nuevo ciclo de guerra alimentada por los remanentes de la anterior, a pesar de todo eso, el enfrentamiento principal, la díada mayor: Estado versus Farc, terminó. Cerramos esa larga, profunda y dolorosa escisión de nuestra comunidad política.
Nuestro conflicto armado fue una guerra contrainsurgente en la que se cometió un genocidio político (el de la Unión Patriótica) y en la que las demandas y reivindicaciones de las organizaciones sociales y populares fueron reprimidas con la estigmatización, las armas, la tortura, la desaparición forzada y el atentado artero. Las luchas sociales recibieron tratamiento militar, una vieja tradición colombiana ilustrada por episodios como los del gobierno de Marco Fidel Suárez disparando a trabajadores que protestaban por la importación de uniformes militares o, años más tarde, la Masacre de las Bananeras. 
Pero la guerra también envileció a la izquierda, o al menos a una parte de ella. Militarizó la mentalidad de un amplio sector que creía en la combinación de las formas de lucha y galvanizó su autoritarismo. A lo largo y ancho de la geografía nacional hubo entronques entre los conflictos sociales y una guerra cada vez más degradada. La instrumentalización de los conflictos sociales en el contexto de una guerra contrainsurgente condujo a la imposición de la lógica de los actores armados sobre la de los actores sociales. La izquierda y el conflicto social fueron atrofiados por la guerra. Esta también corrompió a una parte de la derecha la cual, no solo acudió a las armas por fuera del Estado, sino que trató también de romper las cadenas constitucionales del estado de derecho, justificándose en la invocación “patriótica” de una comunidad unida y asediada por terroristas. Estiraron el adjetivo “terrorista” para abarcar no sólo a guerrilleros, sino a un abigarrado conjunto de líderes sociales y políticos. Ambos extremos del espectro resultaron envilecidos por la introducción de las armas a la política, pero con la derecha ocupando el centro del escenario y la izquierda, en la periferia. Así las cosas, mientras permaneciera vigente la mayor díada de nuestras múltiples guerras -la del Estado colombiano y las Farc- las luchas sociales y las posibilidades políticas de la izquierda seguirían sofocadas.
Las elecciones del domingo pasado representan una alternancia real en la historia política de Colombia. La izquierda que llegó al poder es un conjunto variopinto y diverso que incluye movimientos sociales, sectores populares, afros, campesinos e indígenas. Una izquierda que genera un sentimiento de inclusión entre grupos tradicionalmente excluidos y representa, en buena medida, las voces de la “otra Colombia”. Lamentablemente, es una izquierda que abriga también a políticos locales tradicionales y mañosos. Los caldenses recibimos como un baldado de agua fría el nombramiento de Mauricio Lizcano en la comisión de empalme con el gobierno actual. Sin duda, esa no es una buena señal. Tampoco lo es el respaldo irrestricto a políticos tramposos en ciudades como Medellín.  
La guerra con las Farc no permitía que Colombia diera un giro a la izquierda. Ahora lo ha hecho y es una gran oportunidad para asegurar, ahora sí, la transición hacia la paz. Sin embargo, para aprovecharla es necesario que el presidente electo se desprenda de las alianzas con los politiqueros de siempre.