Una democracia constitucional tiene dos elementos fundamentales: el conjunto de derechos que los poderes públicos deben asegurar a todas las personas y la organización de esos poderes. Para que la organización de esos poderes sea compatible con la garantía de los derechos es necesario que, como reza la fórmula de Montesquieu, “el poder frene al poder”. La concentración de las funciones del poder político (legislativa, ejecutiva y judicial) en un órgano, sustituye la garantía de los derechos por el abuso de la coacción. La división de funciones entre poderes separados, sin desmedro de la posibilidad de colaboración armónica entre ellos, es pieza clave de la operación del Estado de derecho en una democracia. Sin embargo, los colombianos solemos fijar la atención en la persona que ocupará el solio de Bolívar, perdiendo de vista que la suerte del Estado y, por ende, la de los derechos, no depende exclusivamente del ejecutivo sino también del Congreso y de la rama judicial. Un buen presidente con un mal Congreso no tiene posibilidad de hacer un buen gobierno. Además, cuando el Congreso abdica de su función de deliberar sobre las cuestiones más relevantes, los jueces terminan asumiendo parte de esa tarea. Los que ven la paja en el ojo ajeno del activismo judicial deberían ver primero la viga en los ojos de congresistas que asumen más el papel de mercaderes de las leyes que el de representantes de los ciudadanos en un foro de la razón pública.
La coincidencia de las elecciones para el Congreso con las de las consultas de las coaliciones para la presidencia, eclipsa aún más la importancia que tiene escoger bien a los congresistas. No debe ser así. Es necesario sopesar y evaluar bien las cualidades, trayectorias y propuestas de quienes pretenden ocupar una silla en el capitolio. A los ciudadanos nos corresponde el deber civil de votar guiados por la evaluación acerca de cuáles opciones están mejor dispuestas (por aptitud y actitud) para la promoción del bien público. El voto no es un acto meramente privado o personal: es un acto público y como tal, no debe corresponder simplemente al cálculo de nuestros intereses particulares o a la expresión de nuestros prejuicios o a los de nuestro círculo más cercano, sino a lo que consideramos, tras la debida reflexión, es lo más conveniente para asegurar los derechos de todos los miembros de nuestra comunidad política.
Entre los 925 candidatos al Senado hay ocho caldenses. Para las cinco curules que corresponden a Caldas en la Cámara de Representantes hay 39 candidatos y otro más de Riosucio que aspira a una curul especial indígena. La Universidad Autónoma de Manizales publicó el “Libro Blanco de los Candidatos al Congreso por Caldas”, resultado de un equipo de trabajo dirigido por la profesora Andrea Arango. Allí los caldenses podemos encontrar información sobre la formación, trayectorias, propuestas, patrocinios, ubicación ideológica y, en algunos casos, el prontuario de quienes aspiran al voto de los ciudadanos. Antes de votar, léalo.
En mi opinión, Humberto de la Calle no solo es el mejor candidato caldense al Senado. También representa la mejor opción entre todas las candidaturas de esa circunscripción nacional. Adhiero a las razones expuestas por Ricardo Correa en su columna de ayer en este diario: De la Calle es un estadista que no necesita llegar al Congreso para ocupar un puesto en nuestra historia. Su papel en el acuerdo de paz de 2016 y en la Constitución de 1991 ya se lo aseguraron. En cambio, requerimos de gente como él en el Congreso, guiada por el ideal de la razón pública, para asegurar que Colombia funcione como una democracia constitucional.