Colombia es una sociedad de múltiples injusticias y desigualdades. Las distribuciones del ingreso y de la riqueza en nuestro país están entre las peores de América Latina. El índice de desarrollo humano (IDH) de Naciones Unidas nos ubica en el puesto noventa entre 189 países ordenados de mayor a menor IDH, medido en sus dimensiones de vida larga y saludable, logros educativos e ingreso. En América Latina, estamos por debajo de Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Cuba, México, Brasil, Ecuador y Perú. La información disponible sobre Venezuela merece discusión aparte. Colombia pierde posiciones en la medida en que el IDH es ajustado por la distribución desigual de los logros en cada una de las tres dimensiones. Con el IDH ajustado por desigualdad, nuestro país pasa del puesto 90 al 102.
En los estudios sobre desarrollo existe una distinción importante entre desigualdades verticales y desigualdades horizontales. Las primeras tienen que ver con la distribución de oportunidades como acceso al ingreso o a ciertos activos entre hogares o individuos, en el conjunto de la sociedad. En cambio, las desigualdades horizontales son desigualdades entre grupos al interior de una misma sociedad. Esos grupos definen su identidad en función de diferentes tipos de vínculos: étnicos, religiosos, geográficos o de clase. Esas desigualdades entre grupos pueden tener lugar en diferentes dimensiones: participación política, activos (acceso a la tierra, al capital, al crédito o a los recursos naturales), oportunidades laborales y de ingresos y, acceso a: bienes públicos (justicia, seguridad), bienes meritorios (educación, salud) y servicios sociales (agua potable, saneamiento básico y vivienda).
Las comparaciones internacionales muestran que las desigualdades horizontales suelen ser un factor de riesgo importante en el inicio y prolongación de guerras civiles. Esto ocurre, especialmente, cuando esas desigualdades suelen ser persistentes y las brechas entre grupos aumentan con el tiempo. También cuando esas brechas se expresan en varias dimensiones (política, económica, social) simultáneamente. Por ejemplo, si un grupo tiene fuertes desventajas en el acceso a activos y a servicios sociales y, adicionalmente, carece de oportunidades de participación política, hay mayor riesgo de violencia que en el caso de contar con oportunidades para el trámite político del descontento. Un factor especialmente importante en el aumento del riesgo de conflicto armado en un contexto de fuertes desigualdades horizontales es que los gobiernos respondan, a las demandas de los grupos en desventaja, apelando a la indiferencia o a la represión.
Una de las variables más relevantes en la explicación de los conflictos armados internos es el registro o no de ese mismo fenómeno en el pasado reciente. Que haya existido guerra civil u otra manifestación de violencia política en el pasado, aumenta el riesgo de guerra civil en el presente. Por esa razón, de la forma en la que se tramiten las luchas y reivindicaciones de grupos históricamente desaventajados en una sociedad desigual, depende la sostenibilidad de la paz luego de haber logrado la terminación de un conflicto armado.
El gobierno tiene el deber de evitar dar tratamiento criminal a las expresiones diversas de descontento social. Descontento que, en una sociedad moldeada por toda clase de desigualdades e injusticias históricamente superpuestas, brinda sobradas razones de reclamo y reivindicación a hombres y mujeres que forman parte de las movilizaciones obreras, indígenas, afro, y de los movimientos campesinos, estudiantiles, ambientalistas y de sus organizaciones. Los ciudadanos más privilegiados y sus organizaciones, también tienen el deber de no menospreciar a los protagonistas de esos reclamos. El lenguaje no es inocente y puede ser fuente ora de la amistad cívica ora de la desintegración social.
Albert Hirschman publicó en 1993 un bello ensayo acerca de los conflictos sociales como pilares de las sociedades democráticas. En ese texto, el economista estadounidense acude al pensamiento sociológico para enfatizar la idea de que los conflictos sociales son productores de cohesión social
al interior de una comunidad política. Para Hircshman, la represión de los conflictos sociales conlleva la pérdida de vitalidad de la sociedad. Reprimir o ignorar las desventajas de diferentes grupos en una sociedad tan desigual como la nuestra, erosiona aún más la calidad de nuestra endeble democracia y golpea severamente nuestras esperanzas de vivir dignamente y en paz.