Convertir un asunto de política pública en un ministerio no es garantía de su mayor importancia en la agenda gubernamental. Tal es el caso del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La ciencia no ha sido prioritaria en los planes de desarrollo ni en los presupuestos nacionales. El gasto público del país en actividades de investigación y desarrollo (I&D) apenas llega al 0,24% del PIB. De acuerdo con los datos del Banco Mundial en China esa cifra llega al 2,19% y en Estados Unidos al 2,84%. En Corea del Sur es 4,81%, en Suiza 3,37% y en Alemania 3,09%. En el vecindario latinoamericano nos superan Brasil (1,26%), Argentina (0,54%), Uruguay (0,48%), Costa Rica (0,42%), Ecuador (0,44%), Chile (0,36%) y México (0,31%). Algunos países del África subsahariana invierten una porción mayor de su PIB en I&D que lo que invierte Colombia. Que Colciencias sea ahora un ministerio no cambia esa situación y no genera expectativas positivas hacia el futuro. Menos, con el vergonzoso nombramiento que acaba de hacer el gobierno en esa cartera. La ciencia no escapa al particularismo del régimen político colombiano.
En Colombia, el particularismo siempre ha prevalecido sobre el interés público. El malestar y la rabia que se han expresado en el paro nacional tienen mucho que ver con esa sistemática apropiación privada de lo público. Ese particularismo se expresa en procesos complejos o en actos descarados como el caso del alcalde de Medellín yendo a ver el partido de la selección Colombia en Barranquilla con plata pública. Dizque había una reunión de alcaldes, justo ese día y preciso en esa ciudad. Siempre hay una excusa. Ese particularismo se expresa también en el uso de la nómina estatal -incluyendo los cargos de mayor responsabilidad- para recompensar favores políticos. En el nombramiento del nuevo ministro de ciencias parecen operar más criterios particularistas que el interés público. El periodista Sergio Silva publicó en el diario El Espectador un juicioso informe en el que muestra la asombrosa similitud entre los párrafos de artículos publicados por el nuevo ministro y los párrafos de otros autores publicados con anterioridad en otras revistas, incluidos unas veces en las referencias bibliográficas, otras no. El recién nombrado ministro también tiene, por supuesto, sus propias excusas: “es normal que haya similitudes, pero no hay plagio de ningún tipo” afirma. Silva muestra ejemplos de varios párrafos idénticos a los de otros autores en los que “no cambian ni las comas ni los puntos”.  
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales envió una carta abierta al presidente Duque en la que “expresa su extrañeza y su desaliento ante la designación del señor Tito Crissien como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación teniendo en cuenta su participación comprobada en plagio de documentos académicos”. El nuevo ministro era el rector de la Universidad de la Costa, envuelta en un escándalo por el retiro de varios artículos -identificados como casos de plagio- de reconocidos repositorios académicos.
La cultura de la legalidad forma parte de la retórica pero no de la práctica gubernamental. Sin embargo, hay que reconocer que las prácticas del gobierno son en últimas un reflejo de las de la sociedad. La cultura colombiana del atajo está en las vías, en el mundo empresarial, en la política, en la academia. El nombramiento es un reconocimiento a la cultura del atajo. Hacer trampa paga y en este caso, se paga con un ministerio. Muestra que el problema no es solo de escasez de recursos. Tiene que ver con el individualismo arribista en el que se basa la preeminencia del particularismo sobre el interés público.