La pandemia desencadenó la peor crisis económica y social desde la gran depresión, con caídas récord en producción, empleo e ingresos, que conllevan mayor pobreza y desigualdad. En Latinoamérica, los mayores impactos han recaído sobre las mujeres, agravando las desigualdades en el mercado laboral y el cuidado del hogar, ámbito en el que se concreta su mayor vulnerabilidad a la pobreza, la desprotección social y la violencia de género.
Pese a ese sombrío panorama, la crisis representa una oportunidad histórica de cambio para cerrar las brechas de género y lograr que la mujer juegue papel protagónico en la reactivación económica y el impulso a reformas productivas y sociales. Ejemplo de este potencial de cambio lo ilustra el FMI, que establece que, para la muestra de países con mayor desigualdad de género, una mejoría en las brechas de género en el empleo podría incrementar el PIB un 35% en promedio del cual entre 7 y 8 puntos porcentuales corresponden a incrementos de productividad.
Desde comienzos del gobierno nos propusimos impulsar el empoderamiento y la igualdad de la mujer en la economía, la política, la vida académica y la sociedad, mediante el diseño e implementación del “Pacto por la Igualdad de las Mujeres”. Gracias a ello, Colombia escaló en el último año 18 posiciones en el Ranking de Cierre de Brechas de Género del Foro Económico Mundial.
La actual crisis nos impone redoblar esfuerzos para acelerar la implementación de instrumentos de esta política pública, centrados en el desarrollo productivo.
La primera línea estratégica apunta a acelerar el Pacto por la Equidad de la Mujer Rural de la mano del Ministerio de Agricultura, gremios y empresarios del sector agropecuario. A la fecha se han caracterizado cerca de 490 mil mujeres productoras y trabajadoras rurales pertenecientes a 10 gremios, quienes accederán a programas para el desarrollo de proyectos productivos, el fortalecimiento de capacidades que garanticen su autonomía económica, el reconocimiento de sus derechos y la mejora en su seguridad alimentaria y nutricional.
Una segunda línea de acción tiene que ver con el empoderamiento económico y educativo de las mujeres mediante la generación de empleos de mejor calidad y emprendimientos formales y sostenibles, reduciendo su vulnerabilidad a la informalidad laboral. Para ello, se han puesto en marcha: 1) Un fondo de capital público-privado creado mediante Decreto 810 de 2020, para financiar y respaldar integralmente la capacitación y asistencia técnica a emprendimientos y proyectos femeninos, 2) La Ruta Mujer de la Misión de Empleo que se concentrará en crear oportunidades laborales para ellas, 3) La formación para vinculación laboral de mujeres en las áreas STEM y tecnologías de la información y digitalización, y 4) las “Tiendas Comunitarias como Nodos Dinamizadores del Empoderamiento Económico de la Mujer Rural” en conjunto con el PNUD.
La tercera prioridad es la formulación de una política pública nacional, que promueva reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo de cuidado de la mujer, ampliando sus posibilidades de desarrollo personal e inclusión laboral.
El desafío no es menor. Aspiramos a que todos estos esfuerzos, que implican transformaciones económicas, sociales y culturales, nos permitan contar en 2022 con un millón de mujeres empresarias, que sean parte activa del crecimiento económico sostenido y la construcción de una sociedad más incluyente, en la que prime el progreso para todos.