El contrato Ruta del Sol 2, entregado a un consorcio conformado por la constructora más grande de Brasil, cuyo expresidente y socio Marcelo Odebrecht está actualmente preso por corrupto, y por la empresa Episol del grupo Aval, propiedad del señor Luis Carlos Sarmiento, de quien se dice es el hombre más rico de Colombia, acaba de ser declarado nulo porque su adjudicación obedeció al pago de un soborno. 
Este contrato se firmó en el gobierno Uribe y se amplió en el gobierno Santos. En casi diez años de corrompida existencia ha sufrido toda suerte de mentiras, presiones, intrigas, sobornos a periodistas, debates, fallos judiciales y hasta muertos.
El responsable del control interno del Consorcio denunció ante sus superiores del grupo Aval pagos irregulares para atender coimas y sobrecostos; luego y con temor por su vida, hizo públicas estas denuncias a través de Noticias Uno y la periodista María Jimena Duzán, muriendo luego en extrañas circunstancias. De otra parte, algunos miembros del Tribunal de Arbitramento denunciaron amenazas, seguimientos e interceptaciones telefónicas.
La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la terminación del contrato por violación de las normas de competencia, y pidió investigar a algunos socios y funcionarios del grupo Aval. A su turno, por acción de tutela interpuesta por el Procurador General de la Nación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca impuso al Consorcio una multa de ochocientos mil millones de pesos.
Por su parte, la Contraloría General de la República declaró que este vergonzoso acto de corrupción acarreó graves consecuencias sociales y económicas para el país. En el material probatorio que reposa en el expediente arbitral, los perjuicios causados arrojan un estimado de 7,6 billones de pesos.
El presidente de Corficolombiana, empresa del grupo Aval y dueña de Episol, está pagando una condena de once años por su relación con este delito. Cuatro senadores de la República están detenidos por la misma causa.
A pesar de los anteriores pronunciamientos y a pocos días del fallo arbitral, María Jimena Duzán denunció que el Gobierno pretendía pagar a 7 bancos, cuatro de ellos del grupo Aval, un billón de pesos que el Consorcio les debía. En su fallo el Tribunal develó que esos créditos fueron utilizados por el Consorcio para el pago anticipado de dividendos, coimas y financiación de campañas políticas, y concluyó tajantemente que el Estado no puede pagar por la corrupción del Consorcio.
El representante legal del Consorcio justificó ante el Tribunal de Arbitramento el pago de la coima como medida para evitar que se torciera el trámite de la licitación a favor de sus competidores, con lo cual crea una nueva figura delictiva: El soborno en defensa propia. La controversia jurídica continúa, trasladada por el Consorcio a instancias internacionales, con pretensiones económicas altamente lesivas para la Nación.
El contrato Ruta del Sol 2, por la calidad de sus protagonistas y por las billonarias cifras que compromete, puede ser el caso más emblemático de la corrupción en Colombia.
Es claro que no solo la justicia debe seguir actuando contra los corruptos; el presidente como Jefe del Estado tiene que asumir la defensa del patrimonio público, y garantizar que el daño sea reparado. Los cincuenta millones de colombianos de bien tenemos que ejercer la ciudadanía a través de la acción política no violenta, exigiendo un Estado con instituciones virtuosas que representen el bien común.
Hay que entender que es la política y no la economía la que sacará a la sociedad del estado de crisis permanente en que la tienen.