La Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria afronta varias demandas, por diferentes motivos y con distinto interés. Una de ellas, instaurada por dos ciudadanos, solicitó su nulidad argumentando flagrante violación a las normas en su trámite.
Ante esta solicitud el Gobierno, el Consejo Gremial, el sector financiero, empresarios y eruditos, con argumentos falaces y verdades a medias, dibujaron un panorama de verdadero pánico económico: Que se perderían mil billones, léase bien, 1.000 billones; que el riesgo país se dispararía; que la economía se volvería un caos, un abismo hacia el infierno. El Congreso, responsable del caos presagiado por Gobierno y gremios, mantuvo un silencio cómplice. La presión a la Corte comenzaba.
Empresarios, a través de sus medios de comunicación, dieron rienda suelta a esta visión apocalíptica, defendiendo la ley que les había rebajado sus impuestos, aumentado exenciones y apoquinado otras gabelas. 
Así quedó sembrada en el ambiente la novedosa tesis de “Qué importa que la violen, si el cierre del año pinta bien”, y se llevaron al traste la “Legalidad”, eje del Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.
La Corte reconoció la violación y declaró inexequible la ley. Ni al abismo ni al infierno se llegó. 
A la par y sin aspavientos, los bancos habían demandado un artículo de iniciativa parlamentaria que buscaba incrementar el recaudo tributario imponiendo una sobretasa a su renta. Este artículo fue declarado nulo por no contar con el apoyo del Gobierno. El gobierno de los gremios sigue en firme.
Con las dos sentencias de la Corte y los presagios de hecatombe sin cumplir, se cierra otra negra página de cómo y para quién se suele legislar en Colombia.
Sin inmutarse, el Gobierno presentó nuevamente esta reforma, los gremios exigieron su aprobación urgente, y las mayorías del Congreso permanecen al acecho.
Y el Plan sigue: copiando el modelo chileno, Gobierno, gremios y algunos congresistas, tienen enfilada una reforma que presentarán el año entrante para modificar el régimen de pensiones y la ley laboral. Proponen, entre otros, acabar el sistema de prima media de Colpensiones y fortalecer los fondos privados; flexibilizar más la contratación laboral y atomizar el salario mínimo al contratar por horas; normalizar los contratos “a término en el sector público”, para incrementar la clientela electoral. El tal debate social y público no existe, y los abusos legislativos siguen latentes. 
En Chile ya lo lograron. Desde la dictadura de Pinochet, las élites y los gobiernos de turno, vienen recortando los derechos a la protección social y la desigualdad campea. La indignación de la sociedad chilena y las protestas públicas, obligaron a su presidente, de quien se dice es uno de los hombres más ricos del continente, a pedir perdón públicamente y declarar que no fueron capaces de reconocer “esta situación de inequidad y de abuso”, y que, “los políticos tienen que entender que no pueden defender privilegios”. Con todo, mírense por donde se miren, los indicadores sociales en Chile son muy superiores a los de Colombia.
Colombia cerrará el año con el mayor crecimiento económico de América Latina, muy por encima de la media mundial. Paradójicamente, la desigualdad y el desempleo son los más altos del continente.
Por esto, la protesta social, la acción política no violenta y el resultado de las últimas elecciones, reflejan una justificada tensión social. Los gobiernos de turno y la élite tienen que admitir, como lo hace Chile hoy, que el crecimiento económico se debe usar para alcanzar un estado de bienestar y satisfacción de toda la sociedad. La ciudadanía asoma.