El trámite del Plan Nacional de Desarrollo ha despertado serias dudas sobre su alcance y verdadera intención.
El noventa y nueve por ciento de los colombianos no sabe qué se está decidiendo sobre temas que le afectan directamente. Más de trescientos artículos necesitaron de 1.281 páginas, para señalar la ruta nacional a seguir en los escasos próximos cuatro años.
Una discusión previa que debía darse en el Congreso, se hizo tras bambalinas en la oficina del Ministro de Hacienda. El proyecto de Plan así negociado, volvió al Congreso para continuar su trámite. El jefe de una importante bancada parlamentaria y exvicepresidente de la República, denunció llamadas que desde la Casa de Nariño se hicieron para cambiar votos por puestos, y confesó cómo, dos de sus parlamentarios vendieron su voto. Así se evitó el hundimiento del proyecto.
Se aprobó subir las tarifas de energía a los estratos 4, 5 y 6 para pagar la corrupción en Electricaribe, como si los usuarios de estos estratos fueran cómplices de los hampones. Se decide sobre el ahorro pensional, poniendo en riesgo la devolución del ahorro de quienes no alcancen el derecho a la pensión. Se establecen nuevos impuestos, da paso a nuevas exenciones, permite crear nuevos regímenes tarifarios e impone aranceles. Se impulsa el monopolio de los laboratorios farmacéuticos nacionales en la venta de medicamentos biotecnológicos, busca legalizar el despojo de baldíos y desconoce compromisos de Estado. Inconsistencias, incompatibilidades e ilegalidades se encuentran a todo lo largo y ancho del Plan propuesto, según opinión de gremios, expertos y parlamentarios.
La Contraloría General de la República acaba de publicar un estudio en el cual advierte sobre los peligros de la fracturación hidráulica (fracking), pues asegura que atenta contra la vida, el agua y el ecosistema en general. En sentido contrario, el Plan Nacional de Desarrollo estimula abiertamente su práctica, buscando mejorar los ingresos de la Nación. La excontralora General, hoy Directora Nacional de Planeación, en un término de seis meses, firma el estudio de la Contraloría y firma y radica el Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso.
Para soportar la discusión, el Gobierno sustenta la propuesta del Plan con una fórmula casi esotérica: “legalidad + emprendimiento = equidad”. Legalidad cuando se desconocen compromisos de Estado nacionales e internacionales. Emprendimiento cuando a la economía popular se le reconoce únicamente en la ilegalidad. Equidad cuando se obliga al ciudadano de bien a pagar los costos de la corrupción.
El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, no se puede seguir tramitando ni imponer de manera torticera, pues así, se le sigue restando legitimidad.
Colombia, campeona mundial de la desigualdad desde su independencia, requiere de una institucionalidad virtuosa, que como parte de un estado social de derecho, cumpla el contrato social establecido. La discusión en curso y las decisiones que se tomen sobre el Plan Nacional de Desarrollo dirán si la historia se repite. No es más, no es menos.