El Gobierno tiene como propósito generar bienestar social, económico y ambiental a los ciudadanos, siendo necesario para alcanzar ese objetivo dinamizar los aspectos relacionados con la política fiscal y la macroeconomía. En el ejercicio de toma de decisiones se realizan cambios, buscando promover e incentivar el crecimiento, desarrollo e incremento de recursos que ayuden a los habitantes de determinado territorio.
Como bien se sabe, el pasado año fue uno de los más atípicos y complicados para la gran parte de la población mundial. En tiempos de pandemia, la situación económica y financiera de muchos territorios y sus habitantes se vio marcada por la necesidad constante y la dificultad para asegurar condiciones materiales de existencia dignas. Dado esto, se hace inminente para el Estado buscar el cierre de brechas entre los que tienen y los que no, máxime el aumento considerable de esta, en el período mencionado. Para ello es necesario financiar y fortalecer los elementos que tienen relación con la economía y con esta, las oportunidades que podrían generarse con las regulaciones que buscan captar recursos para incrementar el ya mencionado bienestar social de la población.
La búsqueda de la equidad y la justicia social por medio de un mecanismo que permita captar una mayor cantidad de recursos financieros se hace necesaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para su aprobación se deben pasar varias etapas, sin olvidar que siempre se busca generar igualdad, bienestar material. Las regiones deben tener un protagonismo en las finanzas nacionales, siendo necesaria, la cual se ha desaprovechado por la falta de la actualización del Ordenamiento territorial de las localidades, acompañado de un proceso sólido de catastro multipropósito, constituidos como instrumentos para que las poblaciones pequeñas e intermedias que son la gran mayoría en el país, tengan elementos para financiar los programas sociales y económicos que requieren sus ciudadanos y así, generar sostenibilidad, ofreciendo las herramientas necesarias para que las entidades territoriales puedan percibir mayores ingresos.
Reformar implica transformar. Para ello es necesario impactar desde lo local, pensando en lo nacional. Desde las localidades los recursos son destinados a suplir necesidades inmediatas que no dan espera a trámites o demás elementos que los retrasen. Las reformas, en primer lugar, deben ocuparse de aliviar la problemática que aqueja a la población en general, direccionados en un primer momento a los sectores que no dan espera, esto es, a los más vulnerables. Luego, en el segundo momento se debe dedicar a la reactivación económica, en la que se potencialice las vocaciones territoriales, priorizando sectores que generen empleo, buscando siempre la articulación entre el sector empresarial y los gobiernos municipales.
Los alcaldes estamos llamados a dar respuestas a las necesidades inmediatas y cercanas de los ciudadanos. Por ello, si bien la Reforma Tributaria es un asunto de competencias del nivel nacional, esta debe obedecer a las necesidades de los territorios. Por lo tanto, al captar mayores recursos será posible financiar las iniciativas que difundan y trabajen en pro del desarrollo en los municipios, máxime cuando gran parte de estos son de sexta categoría. Los municipios requieren del fortalecimiento de las herramientas que por ley les pueden generar mayores ingresos de inversión, haciendo esto se generará un desarrollo de abajo hacia arriba, siendo el progreso del país el resultado de la sumatoria del desarrollo de sus localidades.