El pasado martes 21 de enero el Consejo de Estado, en sala plena declaró nula la elección del senador por la Alianza Verde, Antanas Mockus. A partir de esto, es necesario hacer un análisis de los efectos sociales, políticos y jurídicos de dicho fallo sobre la credibilidad del segundo congresista más votado del país (536.252 votos).
Este proceso resulta bastante contradictorio para el ciudadano que únicamente conoce de estos temas por los medios de comunicación, centrándose en la popularidad del congresista para hacer juicios de la decisión. Sin mayor conocimiento jurídico al respecto, pareciera una decisión que afectara el principio de representación y el ejercicio de la oposición en Colombia, dos elementos fundamentales para la democracia; sin embargo, sacrificar las garantías de procedimientos claros y limpios a la hora de postular candidatos a elecciones, es también una grave afectación a la democracia. 
La causa de la nulidad de la elección no solo radica en el incumplimiento del artículo 179 constitucional, sino que tienen una clara violación a la Ley 130 de 1994 “por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”, artículo 9, ya que a la fecha de la inscripción como candidato al Congreso, el señor Antanas Mockus ejercía como representante legal de Corpovisionarios, organización sin ánimo de lucro que contrataba con entidades estatales, entre éstas la Gobernación de Cundinamarca, contratos que fueron firmados seis meses antes a su elección como senador.
Mockus es símbolo nacional del respeto a la ley y a la Constitución. Los Mockusianos caldenses determinan que, la presentación de la acción de tutela previa al fallo mencionado, por Humberto de la Calle, no fue algo simplemente por llamar la atención de la prensa, sino uno de los mecanismos pedagógicos del congresista. La tutela permitió entonces que uno de los constituyentes hiciera prevalecer los derechos de los electores sobre las decisiones que en derecho se puedan otorgar; un simbolismo clásico, llamarían muchos, para este político ampliamente conocido por su forma diferente de hacer política. 
Ahora los jóvenes con alguna filiación política con el Partido Verde en Caldas entran en conflicto al determinar que la conciencia colectiva de resguardar la imagen de un líder garante de la lucha contra la corrupción debe prevalecer sobre procedimientos legales. Sin embargo, es paradójico que desconocer los procedimientos legales sacrificaría el mismo espíritu de la lucha contra la corrupción; ya que si se incurrió en una inhabilidad, los errores se deben reconocer.  
Esta destitución del líder verde fue un error que se pudo haber evitado desde Corpovisionarios y el Partido Verde. A pesar de la delegación de la dirección de la Corporación, aún el exsenador es quien posee la representación legal de la misma, por lo que era necesario un cambio de los estatutos y su respectiva inscripción. Antes de lanzar una candidatura, es necesario más que un análisis del carisma personal, los votos que puedan sumar al partido e incluso de su alta popularidad; se requiere una valoración jurídica que permita que el cargo elegido para detentar pueda ser ejercido de forma transparente y debida. Esto garantiza que no se vea truncado el ejercicio de la representación popular por cuenta de decisiones judiciales. 
En una democracia, durante el periodo electoral, los partidos políticos tienen el deber de conocer las reglas del juego y jugar conforme a ellas; en vez de servir de fábrica de avales (y coavales), como juego político en la designación de un gabinete o incluso en la declaración de oposición a un gobierno, y más bien deberán ahora ser garantes de un plan de gobierno, de un cumplimiento de metas y de la responsabilidad en el cumplimiento ético y normativo en los cargos que ostenten.
El ejercicio político, si quiere ser democrático y transparente, debe obedecer a procesos y cumplir con los lineamientos previamente establecidos, por lo que la responsabilidad del partido y del mismo Mockus de conocer su situación se ve claramente castigada con este fallo del Consejo de Estado.