Se posesiona hoy el nuevo presidente, Gustavo Petro, y con él llega un nuevo equipo de gobierno, que tendrá que responder a grandes expectativas generadas durante la campaña electoral. No pocas de esas promesas serán muy complicadas de cumplir, teniendo que pasar por el análisis cuidadoso, y no de pupitrazo, en el Congreso de la República. Se requiere un proceso de decantación de las propuestas con motivo de la preparación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. En un proceso participativo y serio, con buena metodología, seguramente permitirá que se concreten las mejores ideas y se tengan presenteks procesos de transición prudentes, allí donde sea conveniente.
Es fundamental que el gobierno Petro sea muy respetuoso de los procesos democráticos en los órganos de la rama del Poder Legislativo. Y que los congresistas asuman con profunda responsabilidad su tarea de tramitar las nuevas leyes. El país no quiere un Congreso “enmermelado”, pues ya sabemos los profundos problemas que ello acarrea: falta de análisis y ponderación al momento de aprobación de las leyes, generación de círculos perversos de corrupción, y el desenfoque de la sostenibilidad del país. Sería fatal para la vida democrática colombiana.
De otra parte, será fundamental la guardia que la Corte Constitucional debe hacer el Estado Social de Derecho, como lo ordena nuestra Constitución. Estos filtros son vitales para mantenernos en una órbita permitida y consistente con nuestra Carta Política. Para que el país no caiga en atajos o aventuras que puedan desdibujarnos la arquitectura del pacto social construido desde el proceso constitucional del 91.
Pero no todas las reformas pasarán por el camino legislativo, sino que se podrán implementar a distintos niveles con las reglamentaciones que hace el Ejecutivo, es decir, por medio de decretos, y otros actos administrativos. A este respecto los Tribunales Administrativos y el propio Consejo de Estado, deberán estar muy atentos para que la coherencia del ordenamiento jurídico se mantenga en las reglamentaciones.
Así pues, la rama jurisdiccional a través de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado primordialmente tendrá un papel fundamental. No para taponar las innovaciones, cambios y reestructuraciones, sino para facilitar todas aquellas que implementen nuestro ordenamiento. Ni cerrando el cedazo ni abriéndolo irresponsablemente, los jueces prestarían el servicio que el país espera de ellos y que ordena nuestra Constitución. Con un gran discernimiento prudente seguramente podrán ayudar al país a hacer algunas transformaciones muy importantes para la vida nacional.  
El país requiere continuar en un proceso de reconciliación, de mayor inclusión y respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, muy especialmente de aquellos que se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad. No hay duda que el país requiere muchos cambios. Pero para asegurarlos, precisamente cómo se hagan será crucial. La teoría de gestión del cambio bien valdría que la revisara el nuevo gobierno, para saber dosificar y darles la debida gradualidad a las transformaciones.
A su vez, el país, y muy especialmente aquellos que tienen unas altas expectativas de lo que producirá este nuevo Gobierno, deberán tener realismo, paciencia y prudencia. No todo se podrá hacer de un momento para otro. Tendremos, como país, que priorizar y ordenar en el tiempo y profundidad.