La paridad entre hombres y mujeres en el campo político todavía no llega. De hecho, el anhelo de profundización de la democracia y de fortalecer la realización de los derechos de participación igualitaria, todavía no toca la realidad. Los datos así lo confirman: Solo el 12% de las mujeres son alcaldesas municipales. Solo el 20% de los miembros del Congreso son mujeres. Pues bien, el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, PNUD, con otras instituciones en el marco del proyecto Atenea, generaron el Índice de Paridad Política (IPP), que mide el ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres, arrojó un resultado mediocre para el país, obtuvimos 53,9 puntos sobre 100. El resultado es superior al de Argentina que para el 2016 tenía 44,7 y Chile que contó con 38,21 para el 2015.
El índice sintetiza 40 indicadores que son agrupados en 8 dimensiones, que miden entre otros: la normatividad legal, la participación electoral, la presencia en distintos espacios de poder como gobierno nacional, legislativo, alcaldías y gobernaciones, altas cortes.
En el marco legal y constitucional nos fue bien, 90 sobre 100; en poder ejecutivo y administración pública, 78,7; en partidos políticos nos comenzamos a rajar: 59,8; en la dimensión del Poder Legislativo, 55,4; y la dimensión de ejercicio del derecho al sufragio, 55,2. En las otras dimensiones los resultados fueron bajos: la dimensión referida a la participación de las mujeres en el Poder Judicial y poder electoral 43,3; la participación local-municipal, 29,8; y en último lugar se encuentra la dimensión Cuota/paridad, 20. ¡Solo la cumple el presidente con su gabinete ministerial! Hay mucho que mejorar.
Los autores del IPP hacen una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño del país en el campo de la participación efectiva de las mujeres en política. Estas son las recomendaciones: A nivel nacional, avanzar en la reglamentación legal de los principios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad. Promover y garantizar el desarrollo de un proceso electoral con garantías para mujeres y hombres por igual, libre de violencias y estigmatizaciones políticas basadas en el género. Para los futuros gobernantes territoriales se les solicita asegurar la paridad en sus gabinetes de despacho. Lo que es fundamental para cambiar la cultura política en nuestro país una formación de nuevos liderazgos políticos a lideresas para promover el desarrollo sostenible e incluyente. Un mayor compromiso de los partidos y movimientos políticos para ampliar y garantizar la participación de mujeres en sus candidaturas y mesas directivas. Asegurar mecanismos para una financiación transparente y equitativa de campañas para hombres y mujeres, además de un acceso a medios de comunicación por igual.
El esfuerzo de paridad en política 50/50 es básico para lograr el quinto objetivo de sostenibilidad, de la agenda 2030 de la ONU, que hace referencia a la equidad de género.
Sería bueno que en el departamento y la ciudad se hiciera la medición, con los indicadores del proyecto Atenea para hacer el diagnóstico regional.