El remezón que ha sufrido la educación superior en los últimos años ha sido grande, y puede ser una gran oportunidad: primero fue el deterioro de la inversión en la educación pública del cual tomamos conciencia con el movimiento estudiantil de finales de 2018, lo que llevó a una mayor asignación presupuestal para las universidades oficiales. Luego vinieron las críticas y hasta desmanes contra el Icetex, y su reforma quedó como punto urgente del sector; parte de la transformación la ha liderado el presidente de la entidad en muy buena dirección, pero el Congreso en la última legislatura sepultó las reformas que deben pasar por el Legislativo, quedando el Congreso en deuda con la financiación contingente al ingreso y los premios por mérito. Hay que sumar el deterioro del subsidio a la demanda de educación superior, en su componente de excelencia, al sustituir Ser Pilo Paga por Generación E. Después vino la pandemia que generó un verdadero tsunami, y que ha mostrado que lo que era “imposible” sencillamente lo hicimos en menos de dos semanas, la reconversión del sistema de clases. Para terminar, con el paro nacional y la movilización social los universitarios asentaron el punto del acceso a la educación superior, y el gobierno dio matrícula cero en las universidades estatales para estratos 1, 2 y 3 subsidiado con el presupuesto nacional, generando una discriminación insoportable con los estudiantes de universidades privadas de iguales estratos, digno de ser considerado por la Corte Constitucional, a la espera que unas tutelas lleven el asunto a esa instancia.
Hay otras realidades estructurales que disminuyen la incidencia de las universidades, como la tradicional lejanía de la academia del sector productivo. Es fundamental conectar las capacidades de generación de conocimiento con las necesidades de las empresas. Hay experiencias que dan fe de su virtuosidad, pero su cobertura es reducida. A su vez, es vital que los empresarios sean mucho más generosos en su inversión en investigación. A los rectores se les oye decir: “lo quieren todo gratis y así es imposible articularnos…”. Universidad – Empresa será una bina a potenciar entre todos. La Constitución ordena que el Estado financie la investigación y en ello hemos tenido interesantes experiencias como la de Colombia Científica con sus programas que ha permitido un impacto positivo para todos. El destino de los recursos de regalías se enredó en no pocos casos en gastos y no en inversiones para la investigación. Es vital pensar en grande y en proyectos articuladores.
Una educación no puede ser de calidad si no está vinculada con las redes internacionales de generación de conocimiento. La pandemia estimuló nuevas formas de conectarnos. Así, la formación de profesores en el exterior es vital; forjar enlaces en redes internacionales es encadenarnos en dinámicas de amplio vuelo en la investigación.
Pero hay un detalle fundamental, Harold Castilla, rector de Uniminuto, lo planteó: “… las IES necesitan libertad y espacio para avanzar, sin restricciones por políticas y procedimientos obsoletos…”. Esta voz debe ser oída. Se les pide innovación y aseguramiento de aprendizajes a las universidades, pero las reglas del juego no son lo suficientemente flexibles, ni los procedimientos oficiales del todo ágiles. De otra parte, es fundamental potenciar aún más el mandato de fomento que tienen el Ministerio de Educación, siendo vital darle más músculo y presupuesto.
Quedan para la agenda de educación superior: subsidio a la oferta y a la demanda que asegure la inclusión en el sistema público y privado; la mesa academia-empresa debe potenciarse; la internacionalización requiere impulso; y la investigación debe plantearse de manera ambiciosa para que genere impactos decisivos. Finalmente, el Ministerio debe mover la balanza hacia el fomento y aligerar el control, para que las universidades se impulsen en innovar y asegurar los aprendizajes.
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