La libre competencia es un principio constitucional en nuestro modelo económico. Cuidar la libre competencia es asegurar que no haya manipulaciones de los mercados, es por ello que significa la defensa de los ciudadanos, de los consumidores. En Colombia la institución que hace las veces de guardiana de la libre competencia es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Hoy por hoy, en una economía de mercado, es fundamental que haya este tipo de entidades especializadas que aseguren que las fuerzas manipuladoras, que por desfortuna siempre están presentes en el capitalismo, no hagan de las suyas en contra del interés general.
Pues bien, la gestión que realizó Pablo Felipe Robledo al mando de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó una clara muestra de cómo una institución podía modernizarse, especializarse y ser autónoma para la toma de decisiones contra los que de una forma u otra manipulan los mercados para enriquecerse indebidamente. Las sanciones que colocó pasarán a la historia, pues por primera vez en el país de manera consistente la Superintendencia realizó investigaciones que llevaron a sanciones enormes a las empresas y directivos que concretaban estas acciones anticompetitivas. Los carteles de los pañales, del cemento, de los cuadernos, del azúcar, todos fueron sancionados. Y, además, a algunas empresas que buscaron violar las sanciones fueron por esta razón sancionadas de nuevo. Hubo consistencia en salvaguardar el estatuto anticarteles. Todo ello hay que agradecérselo al equipo del exsuperintendente Robledo y obviamente a su liderazgo.
El sistema de investigación y sanción por la misma autoridad es complejo, así opera el sistema de la SIC. Pero lo cierto es que a todas las decisiones de la SIC le caben los recursos judiciales ante los tribunales Administrativos y el Consejo de Estado. Por lo que si se cometen errores en las investigaciones y juzgamiento siempre queda la posibilidad de revisión por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello, es clave que la SIC sea muy técnica y cada vez sus investigaciones se profesionalicen más, de tal manera que se asegure la limpieza, pero también la contundencia de sus investigaciones.
De otra parte, la experiencia internacional enseña que la autoridad de la competencia será más eficaz en tanto que sea autónoma de los gobiernos y del poder de las empresas. En efecto, para asegurar esta independencia, en muchos de los países que pertenecen a la OCDE hay regulaciones muy estrictas. Algunas de esas previsiones el anterior gobierno las colocó en el Decreto 1817 de 2015, pero quedó cortico. En el caso del proceso de selección del superintendente no quedó establecido un verdadero concurso de méritos. Y el hecho es que el nombramiento que hizo el presidente Duque recayó en su amigo, el abogado Andrés Barreto, que fue su director de campaña política, lo que no es propiamente lo más aconsejable por la falta de independencia que tendrá del presidente.
Cuidar a la SIC implica necesariamente asegurar su autonomía. El presidente Duque luego de esta designación de Barreto, debe ser muy cuidadoso y darle la autonomía para que ejerza las funciones propias de su cargo. Por el bien de la economía y el bienestar de los ciudadanos.