El sol cae sobre las espaldas de esta legislatura. El 20 de junio, es decir en menos de cuatro semanas, el Congreso concluirá el primero de sus cuatro años de período constitucional. Infortunadamente, la distancia cada vez más grande entre el Ejecutivo y el Legislativo, ha conducido a una falta total de gobernabilidad, a la que se suma una polarización política que copa la escena política nacional.
La falta de unas mayorías claras en el Parlamento ha propiciado que privilegie su accionar en el debate político, antes que en la producción de leyes, sin desconocer por supuesto, que está en su pleno derecho de así hacerlo. Desde ya se anticipa que será el balance más pobre de los últimos años. A menos que en los días que resta ocurra un milagro, éste habrá sido un año perdido.
El Gobierno si acaso podrá exhibir como aprobada la iniciativa tributaria, que no solo no satisfizo sus propias expectativas de recaudo, sino que arrastró consigo la popularidad del momento del presidente Duque. También mostrará satisfacción por la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, el cual terminó desvirtuando la razón de ser de esta herramienta como carta de navegación del gobernante. De los 180 artículos del proyecto, se pasó a un texto cercano a los 350 de la ley aprobada finalmente. Se le colgó de todo, literalmente como en botica. Solamente la reforma a las Tic´s, aún pendiente de último debate, podría salvar la honrilla.
Por el contrario, se está hundiendo el indispensable proyecto que pretendía el cambio de las costumbres políticas y electorales, e igual suerte está corriendo la reforma a la justicia, la cual ya cobró la cabeza de la ministra del ramo, constituyéndose en la primera baja de un gabinete que poco ha podido conectarse con el país. Lamentable balance para la nación. No hay un solo ganador. Solo perdedores.
Para rematar, hay un asunto que viene, ese sí, avanzando velozmente, obteniendo aprobación casi unánime en sus diferentes debates, que podría convertirse en un nuevo mal para nuestra democracia. Sería paradójico que el proyecto que se tenga para mostrar, sea el que el Congreso tenga la potestad para señalar el cómo se invierta hasta el 20% del Presupuesto General de la nación. Esta es una iniciativa proveniente de un sector de la izquierda, que so pretexto de acabar con las partidas que se aprueban en la oscuridad de acuerdos entre Gobierno y congresistas, va a conducir a la entronización de un mal mayor. Como dice el adagio popular, será peor la cura que la enfermedad.
Es un hecho que los parlamentarios tienen el deber de hacer gestión y buscar recursos para la solución de los problemas de las regiones que son oriundos. Es también claro que esas partidas deben ser resultado de una evaluación técnica, y no producto de transacciones indebidas. Es indiscutible que además dichas gestiones deben ser de público conocimiento de la sociedad. Lo que no cala bien ante la opinión, es que en momentos de austeridad como el presente, en que se le exige al ciudadano mayor sacrificio en el pago de impuestos, termine una buena parte del presupuesto de la Nación, destinado sin planeación alguna a la ejecución de obras con criterios electorales y partidistas.
La potestad de destinar recursos y sus lugares de ejecución conducirá irremediablemente a que se genere una enorme desigualdad en beneficio de las regiones que tienen mayor número de parlamentarios, y más grave aún, entre las aspiraciones futuras a esos cargos de elección popular.
¿O qué… será que es igual la competencia entre quien ha llevado, con bombos y platillos, miles de millones de pesos a un municipio, que quien se presenta ante ese electorado con las manos vacías? ¿No será que de esta manera se hace cada vez más difícil el relevo generacional en la política? Quisiera estar equivocado, pero a mi modo de ver, este es un clásico caso de regalo envenenado. Ojalá el Congreso no caiga en esa tentación, lo cual podría llevarle a un nuevo descrédito, para el goce de algunos y mal de nuestra democracia.