Ya lo había dicho en un artículo anterior en relación con el bello departamento del Guaviare: que el conflicto bélico de alguna manera había preservado sus tierras frente a la deforestación, pero que, una vez firmado el proceso de paz, a ellas han llegado los verdugos de la motosierra y que, vaya paradoja, se ha terminado extrañando la presencia de los alzados en armas, frente a la paquidermia del Estado para entrar a ejercer el control en esos olvidados y apartados territorios.
Cansado de ver las playas de Puerto Colombia y los sectores aledaños hechos un absoluto desastre, el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, manifestó que “no seremos la cloaca de Colombia”. Al parecer, lamentablemente ya lo es. Si no, que lo diga el gerente de la empresa Triple A de Barranquilla, Guillermo Peña, quien informó que hay 40 personas trabajando hace un mes para remover un islote de más de 1.200 toneladas, conformado por “toda clase de basuras, de troncos, tarulla y restos de vegetación”.
El presidente de las Corporaciones Regionales Autónomas, Ramón Leal, atribuye el problema a “los procesos de tala que se vienen realizando en la parte media y baja de la macrocuenca, así como la ocupación de las riberas de los ríos”.
En esa misma ciudad, la ministra de Obras, Ángela María Orozco, con el alcalde Alex Char, anunciaron con bombos y platillos la disposición de 31.000 millones de pesos, para contratar por 18 meses el dragado del canal que da acceso a su puerto, que al paso que vamos con la deforestación que se esta dando en el país, será completamente insuficiente y quizás sea necesario mirar de una vez cómo se contrata una draga de por vida, con la cantidad de sedimentos que siguen llegando.
La nación, que lleva más de dos siglos dándole la espalda al río Magdalena, intenta ahora tímidamente de utilizarlo como medio de transporte de carga. Por fortuna, se cuenta hoy con sistemas modernos y eficientes de planchones que solo requieren de 1,20 metros de profundidad para navegar. De otra manera, con embarcaciones de mayor calado, sería imposible. Sin embargo, en épocas de verano ni siquiera se tiene ese caudal mínimo, y por ello es usual ver dichos planchones detenidos a la espera del regreso de las lluvias redentoras.
En la semana que terminó, un deslizamiento de tierra en la variante La Romelia - El Pollo, vía nacional que comunica a Pereira con Dosquebradas, sepultó a cuatro personas que al momento del derrumbe pasaban por el sitio.
La deforestación viene creciendo aceleradamente año tras año, al punto que hoy podría calificársele de una verdadera calamidad pública. Solo en el 2018, según el Ministerio de Ambiente, se deforestaron en Colombia más de 200.000 hectáreas de bosques. Y aún así, nos sorprendemos que existan desastres naturales que acaban con la vida de compatriotas, que haya sedimentación de ríos y canales, y que aparezcan súbitamente islotes de basura y troncos en las playas.
En un debate en la Comisión V del Senado sobre los daños causados por la temporada invernal del momento, preguntaba yo que si aparte de los costos en pérdidas de capital humano y medioambientales, no era mejor prevenir que lamentar. ¿No era más económico para la nación comprar en las zonas de montaña los terrenos adyacentes a las vías troncales y proceder a reforestarlas, en vez de invertir miles de millones de pesos en descomunales obras de concreto para tratar de contener los taludes?
¿No será mejor pagar a sus propietarios un precio por la conservación adecuada de esos predios? ¿No será más rentable producir agua con la siembra de árboles, que andar al infinito dragando ríos y canales para garantizar su navegabilidad?
¿Alguien del sector público o privado habrá hecho el estudio, además del valor de la pérdida de vidas, del costo de la deforestación sobre nuestra infraestructura vial, fluvial y portuaria? 
¿No estaremos haciendo las cosas al revés?