Existe una tendencia cada vez más generalizada entre técnicos y funcionarios a considerar el Espacio Público (EP) reducido a un indicador que relaciona el número de metros cuadrados -m2- construidos con el número de habitantes de una ciudad. Cada proceso de revisión del POT intenta demostrar cuánto creció el indicador. Para lograrlo, en Manizales se contabilizan los tratamientos de laderas en prevención de riesgo como parte del EP efectivo. Y con ello los técnicos llegan a un indicador optimista de 6,77 m2/hab. Razón de más para celebrar en las oficinas del POT porque Manizales está muy por encima de la mayoría de ciudades colombianas que aún no llegan a 4 m2/hab. Y muy lejos de alcanzar los 15 m2/hab, recomendados a nivel internacional. 
Pero en las calles y en la vida cotidiana de la ciudad, la crisis del espacio público es asunto de todos los días, bien porque las actividades comerciales, legales o ilegales, se apropian del EP para sus intereses privados, o porque los ciudadanos hacen un uso abusivo de los pocos EP que tiene Manizales, o peor aún, porque la Alcaldía dispone a su antojo de aceras, parques y plazas, entregándole a sus amigos los beneficios económicos, con la teoría novedosa de que el consumo de buñuelos previene la adicción a drogas y alcohol de nuestros jóvenes. 
La crisis del EP llegó al tope y amenaza con convertirse en un problema de orden público. Vale la pena recordar a Jordi Borja, urbanista catalán, cuando plantea que la crisis del EP se manifiesta “en su ausencia o abandono o en su degradación, en su privatización o en su tendencia a la exclusión”. Las consecuencias son dramáticas, porque la democracia se pervierte, se incrementa la segregación, la codicia y el egoísmo. Y en ese caldo de cultivo, el autoritarismo y el populismo, distorsionan la esfera pública, tal y como la concebía Habermas, es decir, como espacios de deliberación y de razón que garantizan una opinión pública entre ciudadanos libres e iguales.
Manizales está en ese punto de quiebre. Tiene un POT vigente que dice contar con un Sistema de Espacio Público e instrumentos de financiación y gestión para consolidarlo, tanto a nivel de Estructuras Ecológicas de Soporte como de “Estructuras Tradicionales de EP”, eufemismo con el cual se haría alusión a plazas, parques, bulevares y equipamientos colectivos. Pero la verdad es que esas conceptualizaciones se quedan sin sustento cuando la Alcaldía no las reglamenta, condición necesaria para ponerlas en operación. 
Basta revisar el POT vigente para encontrar estas tareas incumplidas: Plazo para aprobar los instrumentos de gestión y financiación de las Estructuras Ecológicas de Soporte: un año a partir de la aprobación del POT. Plazo para aprobar el acuerdo de Plusvalías: ocho meses. Plazo para reglamentar los Planes Especiales de Actuación (PEA) de EP: sin fecha concreta, pero dichos PEA “deberán ser reglamentados a través del Fondo de Compensación y Financiación de la Estructura Ecológica de Soporte y Espacio Público, el cual será reglamentado por decreto”.
Entonces, no hay que buscar la fiebre en las sábanas. La crisis del espacio público está dada porque las tareas que permitirían destrabar su adecuada administración y gestión no se han cumplido. Y estas son iniciativas que debe emprender la administración municipal, convocando a la ciudadanía para su discusión y concertación. 
Como he venido sosteniendo en varios foros ciudadanos y académicos, no pueden los alcaldes seguir argumentando la ausencia de reglamentación en la financiación y gestión del desarrollo ambiental y territorial, y a la vez, aplazar indefinidamente su aprobación. Ellos están obligados constitucionalmente a “cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo” (Art. 315). 
No tomar decisiones pareciera ser, como diría David Harvey, “una postura estratégica”, utilizada por algunos políticos para mantener el status quo, y de paso, impedir el alcance de la justicia socio-ambiental y territorial. Y para avanzar en una justicia distributiva territorial, Harvey propone tener en cuenta tres criterios básicos: necesidad, definida con base en el grado de injusticia territorial; contribución al bien común, determinado por el carácter redistributivo; y mérito, asociado al grado de dificultad del medio ambiente y el riesgo.