Hoy en el mundo, las ciudades han incorporado el seguimiento a la calidad del aire como un asunto propio del ordenamiento territorial. No importa si son ciudades grandes o pequeñas. La contaminación del ambiente que respiramos obedece a múltiples factores relacionados con el tipo de urbanización que escogimos y las tecnologías que aplicamos. En últimas, con el modo de producción de las urbes. 
El libre mercado como paradigma de organización socio-económica está demostrando su incapacidad para autorregularse en la perspectiva de solucionar estas problemáticas sistémicas. 
La conclusión es que el liderazgo del Estado en los procesos de planeación urbana y territorial es fundamental para alcanzar los objetivos de sustentabilidad ambiental que se traducen en calidad de vida y prevención de enfermedades. Y eso es justamente lo que está haciendo falta. 
El Área Metropolitana de Medellín con 4 millones de habitantes aproximadamente, que otrora se promovía como “la eterna primavera”, sufre crisis recurrentes de contaminación del aire por concentración de partículas en suspensión, debido a la emisión de gases provocados por los vehículos y las industrias, entre otros factores. Pero Manizales, con apenas un 10% de la población de Medellín, también sufre el mismo fenómeno. 
No faltará quien diga que no son problemas comparables porque la situación de Medellín es mucho más grave que la de Manizales. Es el mismo argumento que utilizan los fumadores consuetudinarios para justificar que su caso es distinto a los que mueren por enfermedades pulmonares. Solo aceptan el padecimiento cuando ya es irreparable. 
Así está sucediendo en Manizales. Quienes menos conciencia tienen de la problemática ambiental que vivimos, son las propias autoridades que eluden la responsabilidad de liderar las acciones estructurales para posibilitar ambientes más sanos. La Secretaría de Planeación sigue insistiendo en que el Concejo municipal le apruebe la expansión urbana de usos mixtos en la zona industrial de Maltería, intentando desconocer lo aprobado en el POT, pese al importante debate que la sociedad civil dio en el cabildo abierto de mediados del año pasado para aprobar la exclusión de las zonas de expansión urbana al nororiente de la ciudad, en donde se encuentra la Estructura Ecológica Principal del municipio, la producción de agua y CO2 como fuentes de vida sana. 
La expansión irracional de las urbes está llegando a las reservas ecológicas comprometiendo seriamente el equilibrio ecosistémico de los territorios que habitamos. El debate sobre la Reserva Thomas Van Der Hammen al norte de Bogotá, la destrucción masiva de árboles de una cárcava en los suelos de la hacienda La Aurora en Manizales, declarados rurales en el POT del 2017; la construcción del proyecto de vivienda San Antonio en el corazón de una reserva natural en Buenaventura, sobre territorios de comunidades negras e indígenas que exigen una consulta previa, son algunos de los fenómenos que estamos observando, violatorios de la ley, pero sobre todo, del sentido común. 
Es por eso que la sociedad civil en Colombia, y dentro de ella, las organizaciones ambientalistas, asumieron la tarea de oponerse a dichos desarrollos inmobiliarios que acaban con los relictos boscosos, urbanizan las quebradas, impermeabilizan los suelos productores de agua, etc. Es una sociedad activa que interviene en los asuntos relacionados con la movilidad urbana evaluando los impactos que genera la realización de un puente o un túnel sobre sus territorios, la tala de los árboles que sembraron con tanto esmero. Es la misma actitud de quienes le reclaman al Estado el cumplimiento de la siembra de árboles en las zonas definidas como áreas de compensación ambiental. 
El ciudadano del común tiene hoy más conciencia de los beneficios que produce la presencia de árboles en la ciudad: purifican el aire, generan oxígeno, forman suelos fértiles, evitan erosión, mantienen ríos limpios, captan agua para los acuíferos, sirven como refugios para la fauna, reducen la temperatura del suelo, propician el establecimiento de otras especies, regeneran los nutrientes del suelo, mejoran el paisaje. Por eso los POT deben fortalecer los corredores biológicos dentro de la misma ciudad, recuperar las quebradas, construir parques y calles arborizadas; por eso hoy el POT debe proteger la Estructura Ecológica Principal como la principal riqueza ambiental de las ciudades del siglo XXI.