La reforma tributaria es necesaria. No existe duda de ello. Unos inútiles confinamientos forzados a causa de la pandemia mundial de covid-19 y el remate con los bloqueos promovidos por el comité de paro durante los últimos meses, hicieron retroceder nuestra economía cerca de 10 años.  Los efectos no han tardado en sentirse. Las agencias calificadoras de riesgos rebajaron la nota a la deuda nacional eliminando su grado de inversión, produciendo como efecto inmediato el encarecimiento de la divisa norteamericana en más de un 10% rozando los 4 mil pesos por dólar y el consecuente incremento en los costos de todos los productos básicos.
 En el plano macroeconómico el horizonte no es halagüeño. El desempleo desbordado, el gasto público por las nubes, el cierre empresarial en máximos históricos y la semiparálisis de las unidades productivas nacionales, producen una sensación de profundo desespero en todos los órdenes sociales. Tal vez nunca como ahora, ha sido tan necesario introducir reformas que estabilicen las finanzas de la nación.
 Pero este sacrificio que ahora solicita el gobierno – principalmente de las empresas –, requiere de un pacto que permita superar las brechas que, como pesadas anclas, detienen el progreso colombiano. En este sentido el proyecto de reforma tributaria radicado por el gobierno para debatirse en la actual legislatura le atina a congelar la nómina del sector público y promover la austeridad en éste, a mantener lo subsidios de ingreso solidario y apoyo al empleo que estimulan el consumo. Sin embargo, no aborda otros aspectos esenciales que expertos han reclamado y cuya estabilización deberá discutirse con urgencia para no seguir haciendo de nuestro sistema tributario una colcha de retazos que ahuyente la inversión. Algunos ejemplos son palmarios:
El costo fiscal de las leyes aprobadas por el Congreso le asesta un golpe certero a las finanzas públicas. Mientras en 2015 se aprobaron 13 leyes con incidencia fiscal, en 2019 este número se elevó a 35. Dentro del trabajo del legislativo destacan la Ley 1654 de 2013 que le confirió facultades especiales al Presidente para modificar la planta de personal de la Fiscalía General con un costo de 1 billón, o la Ley 1709 que introdujo una reforma al código penitenciario y carcelario con un costo de 1,1 billones, o la Ley 1797 que estableció medidas financieras para el saneamiento de las obligaciones de los hospitales públicos con un costo de 2,2 billones.
 En el mismo sentido se deberá cuidar la actuación de los funcionarios del Estado que le vienen costando al erario público más de un billón de pesos al año por vía de sentencias judiciales condenatorias.
 La participación de nuestro país en los escenarios internacionales es otro factor que preocupa. Los pagos a los organismos internacionales pasaron de 64 mil millones en 2010 a 127 mil millones en 2019, un incremento que no se ve reflejado en mejores y mayores prerrogativas para nuestro Estado y sí en lamentables condenas en contra que cercenan nuestra soberanía y territorio. En otras palabras, le quitamos dinero a la salud y la educación para financiar una burocracia internacional que ve nuestro país como un paria mundial.
 La nómina estatal es un eterno problema. Cada día se introducen modificaciones en la planta de personal de las entidades públicas que atentan contra las finanzas del Estado que nunca tendrá suficiente dinero para pagar la burocracia que como sanguijuelas se aprovechan del dinero que se recauda de nuestros impuestos.
 Finalmente, las exenciones tributarias le cuestan a nuestro país mas de 60 billones al año. Algunas entidades como fundaciones, universidades o corporaciones están exentas del impuesto a la renta y complementarios, a pesar de que ejecuten proyectos que les reportan cuantiosas utilidades que registran bajo el elegante epíteto de “excedentes”.
 La necesidad de la reforma tributaria es indiscutible. Sin embargo, es urgente controlar quienes hurgan en los bolsillos del Estado, dado que con tanto ordenador del gasto nunca podrán sanearse las finanzas públicas y las empresas no podrán continuar siendo la caja registradora para que el gobierno se organice cada vez que lo requiera.