Avianca es, por mucho, la aerolínea más tradicional en Colombia. Su nombre ha crecido con el país. Lleva un siglo surcando los cielos de nuestra accidentada geografía y se ha convertido, como marca, en un símbolo nacional. Pero hasta ahí. Desde hace mucho sus actuales accionistas hicieron cábalas financieras y para exprimir un mayor beneficio, trasladaron la sede de sus negocios al exterior y se trenzaron en una disputa interna por el control de la compañía que ha provocado náuseas en el mundo corporativo.
En favor de su rescate se exponen múltiples argumentos que van desde la protección del empleo de sus miles de colaboradores hasta nuestra dependencia en una corporación que transporta cerca de 50% de los pasajeros del sector, pasando por el controvertido tema de los impuestos. Pero son muchos los enemigos en ciernes que, aún sin quererlo, se oponen a su rescate.
En primer lugar, el domicilio. Hoy Avianca no es colombiana. Es una sociedad panameña que tiene operaciones en Colombia. Así de simple. Utilizar los recursos fiscales, de por sí escasos, para salvar una empresa del istmo no tiene presentación.
Irónicamente los socios de Avianca son uno de sus mayores antagonistas. La trama que se originó con un préstamo de United Airlines, generó una crisis sin precedentes que concluyó con la salida por la puerta de atrás de su propietario. Hoy Avianca es controlada por United y el crédito, muy posiblemente, se convertirá en acciones que le darán la mayoría accionaria, con lo cual el gobierno se vería en la disyuntiva de aceptar que mediante un auxilio a Avianca se beneficia una de las aerolíneas más grandes del coloso del norte.
La ley es uno de sus enemigos más férreos. Con ocasión de los decretos dictados durante la emergencia económica, social y ecológica se han establecido líneas de crédito especiales para las empresas que han visto afectadas sus operaciones durante la pandemia. Para beneficiarse de estos rubros, las sociedades que deseen acceder a estas opciones de financiamiento deberán acudir a un banco de primer piso (banca tradicional). Un giro directo a Avianca para aliviar sus balances claramente infringiría la normatividad vigente, vulneraría el derecho de igualdad y pondría al ejecutivo en la penosa tardea de defender un acto jurídico con destinatario específico.
El aporte fiscal tampoco juega a favor. La tesis peregrina que expusieron sus directivos para defender su permanencia en el mercado criollo se convirtió en su propia espada de Damocles pues, con razón, muchos analistas han advertido que dichos impuestos son pagados por los usuarios, no por la aerolínea. El transporte aéreo no desaparecerá después del covid-19, por lo cual estos tributos los seguirá recibiendo la Nación, sin importar el nombre del operador de dicho servicio.
Pero su enemigo más grande son los pasajeros inconformes. Quienes hemos sufrido las políticas injustas, los incrementos abusivos en las tarifas, las penalidades sin sentido o los cobros extraordinarios por trayectos cortos, encontramos en Avianca una entidad insensible, que ha exprimido sin corazón el bolsillo de los colombianos y que ha priorizado el beneficio propio al servicio colectivo que ahora pregonan para optar por su salvación.
Con todo, es necesario proteger el empleo. Urge seguir de cerca la evolución de la compañía para adoptar medidas de choque que eviten que sus miles de trabajadores pierdan sus puestos de trabajo y les garantice una reubicación en otras firmas del sector a cambio de otorgar el permiso para operar las rutas que eventualmente deje Avianca. Monitorear para prevenir un daño laboral es la mejor acción que debe tomar el ejecutivo pues, la suerte de Avianca no depende únicamente del covid-19 y sí mucho de sus malos manejos durante un largo periodo.