La privacidad es un derecho fundamental. El constituyente primario lo consagró en el artículo 15 de nuestra carta política y su aplicación debe inspirar las relaciones entre particulares, y entre éstos y la administración. Esta misma norma contiene el derecho al buen nombre y al “hábeas data” y, aunque estos dos últimos han tenido un profuso desarrollo normativo, el derecho a la intimidad sigue estando en un segundo plano.
 Otrora percibíamos las infracciones a este derecho sibilino como actos bochornosos que involucraban el ingreso clandestino en los domicilios o los seguimientos encubiertos para descubrir nuestros secretos. Pero hoy nada de eso se utiliza. Los interesados se valen de medios electrónicos para rastrear nuestra huella digital, favorecidos por un entorno en el que todo se ha tornado mucho más intrusivo en medio de una legislación tibia que no juzga ni protege los ciudadanos en sus derechos fundamentales.
 Toda nuestra interacción electrónica deja una clara marca digital, que se registra sin nuestro consentimiento o autorización y sin que seamos, siquiera, consciente de lo que sucede con nuestra información personal. Veamos:
 Al ingresar al cualquier sitio web, se generan registros automáticos que permiten conocer, mediante el geoposicionamiento de las direcciones “IP” asociadas a su dispositivo, el lugar desde donde se accede. A esta información se acompaña la identificación del equipo, el sistema operativo, su último “parche de seguridad” y la fecha y hora de utilización. A medida que el usuario se adentra en los servicios que el sitio ofrece y accede a navegar por él, se crean unos pequeños archivos temporales conocidos como “cookies”, que almacenan información de las preferencias de la persona. Si se trata de correos electrónicos esta información va como código oculto en cada correo enviado y recibido. En cuanto a los registros bancarios las medidas de rastreo se extreman y en algunos casos se ha denunciado que se habilita – sin autorización – el uso de las cámaras y micrófonos para que quede un registro de quienes estaban detrás del dispositivo en ese momento. Estas denuncias se han conocido para equipos como “Alexa” de Amazon, quien recientemente se vio obligado a confesar ante un tribunal de los Estados Unidos que sus dispositivos estaban programados para escuchar las conversaciones de las personas, aunque nunca explicaron la finalidad de semejante intrusión a la privacidad.
 Pero el asunto no se limita únicamente a nuestro registro digital en internet. Desde que despertamos empezamos a ser vigilados. Las cámaras de seguridad pública que se emplean en la estación de transporte, la utilización de una tarjeta bancaria para comprar la comida en el supermercado, el histórico de lugares que visitamos  y las rutas que tomamos para llegar a ellos que deja el teléfono inteligente que, además, vigila el tiempo que permanecemos en cada sitio, el registro al ingresar a una entidad de gobierno, los reportes de nuestro consumo, los pagos que efectuamos a terceros y hasta la cantidad de veces que hablamos con una persona, hacen parte de una abusiva intromisión a nuestra privacidad que nadie nos ha consultado. El problema es global. Durante los últimos años el gobierno de los EE. UU. ha sido duramente cuestionado por su participación en el programa PRISM. La existencia de éste fue puesta en conocimiento público en 2013 y permite la interceptación global de comunicaciones que cursen por Internet, sin orden judicial y en tiempo real.
 Sin miedo a equivocarme puedo aseverar que el derecho constitucional a la privacidad no existe hoy en día. Cada una de nuestras comunicaciones, comportamientos, hábitos y actuaciones quedan registradas sin nuestra autorización o consentimiento. Nuestra legislación se encuentra en mora de proteger el derecho a la intimidad de los ciudadanos y de quienes opten por mantener en reserva ciertas áreas de sus vidas lo cual no comporta ningún delito para quien así lo decide, pero sí un punible para quien pretende vulnerarlo. Se ha llegado al extremo de contratar compañías que han ofrecido planes para asegurarnos que nuestra vida digital permanezca oculta para quien opte por la confidencialidad de su información personal. Es decir, se ofrece el anonimato como servicio.  Tal vez así nuestra intimidad tenga algún valor.