Cuidar lo que consumimos es importante. Una dieta balanceada, rica en proteínas y baja en azúcares y en grasas saturadas es fundamental para la salud corporal. Nadie desea llegar a una edad adulta padeciendo una obesidad mórbida, diabetes o fallas cardiacas que limiten sus condiciones vitales a tal punto que le sea imposible valerse por si mismo. No se trata de existir, sino de hacerlo con calidad y dignidad.
Uno de los factores que en la actualidad golpea con mayor preponderancia la salud de la población global es el desmesurado consumo de azúcares y grasas saturadas de alimentos ultra procesados. Su impacto ha afectado a millones de personas y hoy, aspectos como la obesidad infantil y la diabetes, se encuentran dentro de las primeras enfermedades que son objeto de consulta y tratamiento. Esta coyuntura ha disparado las alarmas de los sistemas de salud. Los costos y dificultades en los tratamientos de las personas que han presentado afectaciones a causa de estos productos representan un verdadero peso para las finanzas públicas. La Encuesta Nacional de Salud registró en 2015, que el 52% de los colombianos padecía algún tipo de obesidad y sobrepeso con un gasto asociado de $5,7 billones de pesos y un costo capitado de $3.170.000 por cada paciente bajo dicha condición. En el mismo sentido, las erogaciones del sistema de salud de las personas con diabetes representan un yugo difícil de soportar, toda vez que su atención asciende a mas de $3,6 billones al año asumiendo un costo aproximado de $2,8 millones por cada paciente.
Los datos financieros, respaldados por la información científica relevante, devela la razón por la cual la comunidad internacional se ha comprometido con desestimular el consumo de este tipo de sustancias mediante el establecimiento de cargas tributarias más severas que los demás artículos. En Europa países como Portugal, Francia, Inglaterra, Noruega, Finlandia, Bélgica, Estonia y Hungría ya han dado este paso. En los Estados Unidos de Norteamérica (dada su estructura federada en la cual los “Taxes” o impuestos son establecidos por cada estado), se han sumado a dicha iniciativa Wyoming, California, Pennsylvania y Colorado. En América Latina se han adherido México, Chile, Perú y, muy seguramente el próximo será Colombia.  
El establecimiento del impuesto adicional debe ser considerado desde múltiples ópticas para ponderar sus beneficios y escollos. No se tienen evidencias que demuestren que dicho gravamen desestimulará masivamente el consumo de estos artículos. De hecho, en países como México donde se fijó un tributo adicional de un (1) peso por cada litro de bebida azucarada, el consumo solo se redujo en un 6% un año después hasta llegar a un 12%. Lo anterior quiere decir que el establecimiento de este tributo afecta en mayor medida a las personas de menores ingresos quienes se ven en incapacidad de mantener sus hábitos de consumo mientras que, las personas de mayores ingresos, pueden continuarlos sin importar el incremento en el precio en razón a su nueva condición tributaria.
El impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados es una herramienta que funciona, parcialmente, sin embargo, afecta las finanzas de población vulnerable y hogares de bajos ingresos al alejar de su mesa una parte de los productos que tradicionalmente consumen. La estrategia debe estar acompañada de un trabajo conjunto con productores, fabricantes y personal médico para sustituir dichos productos por otros, con menor concentración de azúcares y grasas y garantizar su producción, distribución y suministro a los hogares que se verán más afectados. Si bien el impuesto es una realidad inatajable a nivel mundial, la forma de implementación y la graduación de impacto debe considerar las particularidades del contexto colombiano para definir estrategias que salvaguarden aquellos que vean “volar” de su menú su anhelada “gaseosa”.
Amanecerá y veremos.