En el nuevo panorama social y cultural del país, las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y rom han sido progresivamente visibilizadas por el Estado tras décadas de olvido. Este proceso se materializó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y les ha permitido a estas minorías avanzar en el reconocimiento de su territorio ancestral, su cultura, sus tradiciones, lengua, pensamiento y organización social. Tras 28 años de desarrollo constitucional, las etnias en Colombia han consolidado, entre otros, dos logros que ahora resultan amenazados: La participación política y la Consulta Previa.

Gracias a la inclusión electoral de los pueblos tribales, es imposible desconocer que no solo hacen parte esencial de nuestra identidad como nación, sino que también se han incorporado con éxito en un escenario que les permite incidir con eficacia en los destinos de la república. En virtud de esta lucha su cuota parlamentaria goza de especial protección constitucional a través del artículo 171, superior que les confiere dos curules en el Senado y tres en la Cámara de Representantes. Estas conquistas no fueron producto de carcajadas frugales. No fue la suerte su compañera, ni la lisonja su moneda. La historia de nuestros grupos étnicos ha estado macerada por la sangre de sus integrantes, por la movilización de sus líderes y la lucha constante como insignia. Su organización cívica ha incitado comparaciones irresponsables y llenas de ligereza con la insurgencia de izquierda. Semejantes aseveraciones son lapidadas con un ignominioso epíteto de “guerrillero” que los ubica, de plano, como un actor en el cruento conflicto armado que nos afecta. Por adjetivos como este, en un hecho insólito, el gobernador de Caldas Guido Echeverri, en un acto ordenado por la Corte Constitucional, pidió perdón en el resguardo indígena San Lorenzo en Riosucio, por declaraciones dadas en 1996 por un funcionario de la administración de aquella época en contra de esta población al indicar que sus tierras estaban en manos de la subversión.

Es posible, en una república democrática, compartir o disentir las posiciones ideológicas de las personas. Empero, la discrepancia no es ni podrá ser la llama que encienda el fuego de la violencia. Es calamitosa la situación actual. No han sido suficientes las décadas de confrontación. En el departamento del Cauca el homicidio es la principal herramienta de intimidación, y el terror es la semilla que permite cultivar el dominio territorial en una región disputada por bandas del narcotráfico. Las cifras son escalofriantes: 13 indígenas asesinados en la última semana se suman a los 52 que ya se había contado en el curso del año. Estos registros ponen de presente la imperiosa necesidad de tomar acciones para proteger la vida e integridad de este colectivo social, pero sin relegar la defensa de un largo proceso de reivindicación de derechos que ha sido su consigna por años.

En semejantes condiciones se encuentra la institución de la Consulta Previa. Si bien es cierto que su ejercicio se ha cuestionado por los grandes proyectos de desarrollo, no puede olvidarse que su implementación se ha dado en virtud de una obligación internacional del Estado, adquirida como signatario del Convenio 169 de la OIT y ratificado en Colombia mediante Ley 21 de 1991.

Urge del Ejecutivo la adopción de un protocolo unificado, que permita estandarizar los procedimientos que ofrezcan seguridad jurídica a los inversionistas que encuentran en la incertidumbre de estos procesos un obstáculo para la ejecución de sus iniciativas. La garantía de este derecho fundamental requiere de reglas y procedimientos claros, que procedan de un diálogo amplio y sincero y que prevengan los problemas estructurales de los procesos consultivos como la necesidad de fechas ciertas de sus etapas, la dilación innecesaria en la toma de decisiones, el incremento injustificado en las pretensiones por concepto de compensaciones, o la aparición de comunidades fantasma conformadas por personas que ni siquiera hacen parte de estos grupos minoritarios.

En nuestro contexto, el gobierno nacional y la nueva administración departamental, deben considerar la adopción de una articulación institucional que proteja, garantice y asegure los derechos de estas colectividades, teniendo en consideración la participación, el territorio, la autonomía, las tradiciones, la cosmovisión y el pensamiento tradicional. El camino no será fácil, pero en él es necesario recordar que la nobleza de un pueblo reside en el reconocimiento de la diferencia del otro.