Combatir todas las formas de criminalidad es un postulado en las sociedades democráticas modernas. Desde los delitos simples como los hurtos a personas, hasta estructuras más complejas como carteles que se conciertan para obtener provecho ilícito de sus actividades, se encuentran en el radar de las policías de todo el mundo para ser desmantelados sin consideración alguna.
 Sin embargo, este noble propósito que parece tan loable en su génesis se torna turbio cuando se transpone con otros derechos legítimos de individuos que en principio no hacen parte de estas bandas pero que a la postre terminan beneficiándolas. Este es el dilema que se presenta con la venta de armas de fogueo en Colombia, que después de una pequeña intervención mecánica, resulta adaptada como un arma de fuego que viene a nutrir los grupos delincuenciales que impunemente azotan a nuestras ciudades.
 El asunto no es menor. Mientras en 2014 se importaron en el país 46.105 armas de aire y 19.050 armas de fogueo, durante el año 2020 al país ingresaron 15.130 armas de aire registrando una reducción del 68%, y 175.576 armas de fogueo registrando un incremento de 921%.  Este aumento significativo en la segunda categoría puede explicarse desde diversas aristas.
 El primer factor de riesgo es el contrabando técnico que conlleva la modificación del producto a importar, es decir, se diligencian los formularios con armas de fogueo y en la práctica se introducen al país armas de fuego reales. Este tipo de contrabando beneficia directamente a los grupos armados que vienen delinquiendo en nuestro territorio de manera indiscriminada.
 Empero, el aspecto que más preocupa en torno al incremento desmedido de las armas de fogueo, es – según las autoridades – el temor persistente de que estos elementos terminen siendo utilizados por la delincuencia común para cometer delitos como hurtos, homicidios o secuestros. En efecto, a simple vista no existe diferencia entre un arma real y un arma de fogueo. Su estructura y apariencia son similares y ambas pueden ser empleadas para atemorizar a la población para ser desprendida de sus posesiones en hurtos simples o conducida a la fuerza en secuestros. Pero estos artefactos conllevan un peligro más profundo. Existen en internet una multitud de tutoriales sobre la forma como tales artefactos pueden reacondicionarse como armas de fuego efectivas con las cuales, además de los punibles ya señalados, se pueden estar cometiendo delitos como homicidios o lesiones.
 Esta parece ser la radiografía de la delincuencia en las principales ciudades de Colombia que ha desbordado las capacidades de las fuerzas del orden legítimamente establecidas. Según la Policía Nacional, el 30% de estas armas vienen siendo empleadas para la comisión de fechorías de todo tipo. Esto explica la creciente incautación de estas “hechizas” por las autoridades en los diferentes operativos de control que se llevan a cabo ante el aumento de la inseguridad en las principales ciudades colombianas. Lo sorprendente es que para adquirir un arma traumática que puede ser potencialmente letal, no se exigen más requisitos que el dinero, como si se tratara de cualquier juguete.
 Pero el accionar de los delincuentes no debería sorprendernos. Ellos se encuentran habituados a la transgresión de nuestro ordenamiento jurídico y se adaptan con facilidad para encontrar las brechas que les permitan beneficiarse de manera rápida. Hoy las bandas de atracadores, secuestradores, violadores y asesinos solo requieren un poco de dinero para comprar y adaptar un arma de fogueo en un artefacto letal con el que pueden dar rienda suelta a sus criminales propósitos poniendo la ciudadanía de rodillas.
 El aumento en la percepción de inseguridad en nuestras ciudades es una realidad. Este fenómeno debe combatirse con denuedo y en este camino no se debe ahorrar ningún esfuerzo, lo que debe incluir sin duda alguna la restricción a la importación, comercialización y tenencia de armas de fogueo o traumáticas. Mientras ello no se logre, estaremos empleando un vacío legal para apoyar el crimen.