En Manizales diez familias enfrentan la posibilidad de perder los apartamentos que con esfuerzo adquirieron en un edificio de ocho pisos que tiene orden de demolición por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo del municipio. Se trata del edificio Shalom III, ubicado en la Avenida Santander con calle 51, construido por Wiler Javier Hernández. La edificación presenta fallas estructurales, y el constructor fue multado por infracción a la norma urbanística. En razón a esto, la Inspección 12 de Policía declaró el inmueble en alto riesgo porque “se encontraron graves inconsistencias frente al diseño original”. Estas familias, propietarias de trece apartamentos en la edificación, corren el peligro de perder lo que invirtieron, sus ahorros de muchos años, de no hacerse un reforzamiento estructural.
Mediante Resolución del 14 de agosto de 2020, en decisión de segunda instancia, el constructor del edifico Shalom III, Wiler Javier Hernández, fue notificado de que tenía que “restablecer el orden urbanístico en un término de 60 días”, contados a partir del momento en que quedara en firme esa decisión, llevando a efecto los planes de contingencia para asegurar que la edificación dejara de presentar vulnerabilidad. El constructor prometió realizar los trabajos para asegurar el reforzamiento estructural. Desde la Unidad de Gestión de Riesgo le advirtieron que si no cumplía el edificio sería demolido, y el costo de la demolición debía asumirlo él. Quedaba obligado a seguir las recomendaciones de la empresa Atria Estudio de Ingeniería, que había rendido un informe sobre el estado de la construcción.
El constructor del Shalom III está ilíquido y, por lo tanto, no tiene con qué asumir los costos que demanda su reforzamiento estructural. Además, le fue impuesta una multa superior a 348 millones de pesos, que no puede pagar. Ante esta circunstancia, Wiler Javier Hernández abandonó la obra, y se fue de Manizales dejándole el problema a los compradores, y sin pagarle a quien le había prestado dinero para construir el edificio. Para no perder la inversión, los compradores constituyeron una propiedad horizontal. Buscan, con ella, salvar el edificio. Para lograrlo, están haciendo esfuerzos económicos. Cada uno pone dinero para financiar los trabajos. Ante el abandono del constructor, asumirán el costo del reforzamiento estructural. Están dispuestos a endeudarse para salvar su inversión.
¿La empresa Atria Estudio de Ingeniería se excedió en las recomendaciones para el reforzamiento? Varios ingenieros consultados creen que sí. Están de acuerdo en que hay que reforzar las estructura ante el nivel de vulnerabilidad por la mala calidad de la construcción, pero no en que sea necesario reconstruir 179 vigas y 95 columnas, ni reemplazar todos los concretos, mucho menos “realizar sondeos exploratorios de los caissons para verificar longitudes y diámetros”. El ingeniero que la propiedad horizontal contrató para verificar el estado de la estructura indica que se va a hacer un levantamiento arquitectónico y de vulnerabilidades sísmicas para ponerlo a estudio de la Secretaría de Planeación Municipal. Una vez aprobado, se procederá a dar los pasos necesarios para iniciar los trabajos de reforzamiento.
El ingeniero Moisés Noriega Lara dice que el edificio se puede salvar porque “no presenta patologías estructurales que representen peligro inmediato a la comunidad”. Agrega que no ha presentado asentamientos diferenciales graves en su estabilidad y que no se observa que esté perdiendo verticalidad. Dice además que los temblores que se han presentado no han tenido efecto sobre el edificio, y que no obstante estar “sometido a una energía vibratoria constante producida por el alto tráfico de la Avenida Santander”, este fenómeno no ha aumentado los problemas estructurales. Con estos argumentos sustenta ante la Unidad de Gestión de Riesgo que el Shalom III no debe demolerse. De hacerlo, serían millonarias las demandas contra el municipio por perjuicios a terceros de buena fe.
La propiedad horizontal fue reconocida por la Alcaldía de Manizales mediante Resolución 1110 del 10 de diciembre de 2020. Para no perder su inversión, los propietarios de apartamentos quieren asumir los costos del reforzamiento. El municipio está llamado a atender la solicitud. Se evita así un gasto cercano a 500 millones de pesos, que es lo que puede costar la demolición. Los perjudicados alegan que 60 días que le dio la Unidad de Gestión de Riesgo al constructor para hacer el reforzamiento no era tiempo suficiente. Según el abogado Oscar Jaime Castañeda, este gasto puede convertirse en detrimento patrimonial porque quien lo construyó no tiene con qué pagar este dinero. Y hasta el funcionario que ordene la demolición podría enfrentar una acción de repetición.