No salíamos los colombianos del asombro por la corrupción en los contratos de Odebrecht, cuando revienta el escándalo por la firma de un contrato en el Ministerio de la Información y las Tecnologías. “¡No puede ser que se sigan robando al país!”, fue el lamento de millones de ciudadanos cuando se dieron cuenta de que la Unión Temporal Centros Poblados había presentado ante esa cartera unas garantías bancarias falsas para hacerse al desembolso de 70 mil millones de pesos. El asombro fue mayor cuando se reveló que el cerebro de este nuevo caso de corrupción era Emilio Tapia, condenado por su participación en el carrusel de la contratación, que llevó a la cárcel a Samuel Moreno Rojas, entonces alcalde de Bogotá, y a su hermano Iván, que fungía como senador de la Republica.
Cuando se avanzaba en la investigación para establecer quiénes están detrás del entramado para robarle al Estado 70 mil millones de pesos, el Canal Caracol reveló las declaraciones de la exsecretaria de infraestructura de Santander, Claudia Janeth Pulido, y su esposo Lenin Darío Pardo, quien fue contratista del ente territorial, donde afirman que hicieron parte de un bien montado equipo que se apoderó de los dineros públicos en la gobernación de Richard Aguilar. Este último se encuentra a órdenes de la Fiscalía, acusado de varios delitos. Debe responder por la adjudicación de contratos por más de 500 mil millones de pesos, donde exigía una coima del 15% de su valor. Los esposos Pulido Pardo tienen detención domiciliaria.
Estos casos de corrupción deben llevar a la gente a manifestarse contra los corruptos que se apoderan de los dineros públicos sin medir el daño que le hacen a una comunidad, que necesita las obras a las que estaban destinados esos recursos. Lo sucedido en Santander se repite en muchas regiones del país. Richard Aguilar, que en su desenfrenada ambición arrastró a Edwin Ballesteros, un cínico representante a la Cámara que lloró cuando presentó renuncia a la corporación. Recordemos que el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, huyó a Estados Unidos después de robarse más de 50 mil millones de pesos. Y por ese robo multimillonario, en Colombia solo va a pagar cinco años de cárcel.
Lo que produce desazón es saber que en este país quienes son condenados por corrupción vuelven a cometer los mismos delitos por los cuales pagaron cárcel. A los corruptos se les deben cerrar las puertas para que no entren en nuevos procesos licitatorios. La justicia debe establecer unos parámetros para que esos indeseables, que se apoderan de la plata de todos, no puedan volver a participar en convocatorias públicas.   
Mientras la justicia siga siendo laxa, mientras los encargados de impartirla reciban coimas para favorecer a los sindicados, mientras no haya un castigo social para quienes se enriquecen con los recursos públicos, mientras se les siga dando casa por cárcel a quienes se roban la plata de todos, mientras los condenados sigan siendo recibidos en sociedad como si nada hubieran hecho, Colombia seguirá siendo un país donde no hay leyes severas contra los corruptos. Permitiéndoles volver a sus andanzas, como lo hizo Emilio Tapia; imponiéndoles condenas ridículas, como en el caso de Alejandro Lyons o engavetando los magistrados sus procesos a cambio de altas sumas de dinero, como lo hizo el Cartel de la Toga, nunca vamos a ponerle fin a este cáncer que carcome al país.  
Lo más grave es que los políticos que han sido condenados siguen manipulando a los electores para que elijan a quienes ellos señalen. Ahora un corrupto como el exsenador Juan Carlos Martínez, que pagó una condena superior a siete años por sus nexos con el paramilitarismo, quiere llevar a una hija suya a la Cámara de Representantes. Se repite lo que sucedió con Musa Abraham Besaile, condenado por las coimas de Odebrecht y el Cartel de la Toga, que hizo elegir a su hermano Johny Moisés en el Senado. Y Bernardo “el Ñoño” Elías va a tratar de llevar a su hermano Julio Alberto, con sus votos, a esa misma corporación. La gente vota, desafortunadamente, por quienes ellos les indiquen. Eso es no tener conciencia política. Así no tenemos cuando acabar con la corrupción.