“De batallas perdidas no hablemos”, dice el refrán, para referirse a que lo malo que haya pasado es historia, y lamentos y reproches no son solución. Menos aún, odios y venganzas, que solo causan males nuevos para agregarles a los ya causados. Pero la idea de “borrón y cuenta nueva” atenta contra la legalidad, porque convierte la tolerancia en impunidad. Intereses superiores, sin embargo, exigen laxitud, especialmente cuando se trata de conflictos políticos y confrontaciones armadas de largo aliento, dentro de las cuales se han cometido delitos de diversa índole, incluidos los atroces. El problema es que delincuentes mañosos pretenden esconder sus fechorías, especialmente las electorales de gamonales politiqueros, como compra de votos y constreñimiento al elector, y otras relacionadas con la corrupción en el manejo de los bienes públicos y la contratación oficial, cubriéndolas con el manto piadoso de leyes permisivas, aprobadas por congresistas cómplices, con el argumento falaz de que se van a zanjar conflictos que alteran la tranquilidad del país; o de que “si con el otro se pudo por qué no conmigo”. A esa disyuntiva, ética, jurídica y social, se enfrentan los aspirantes a regir los destinos de Colombia, que son tantos y tan variopintos que hacen recordar lo dicho por algún dirigente hace muchos años: en Colombia hay más caciques que indios. O lo que dijo el bobo al que le regalaron una bandeja llena de arequipe vinagre: Tanto, pero tan maluco.
Los “analistas” más iluminados se sumergen en profundos cogitaciones para definir la legalidad de la paz acordada entre el Estado y las Farc. El gobierno difunde mensajes publicitarios, de inusitada continuidad en los medios, para exaltar las maravillas de su gestión. Los sociólogos categorizan la felicidad de los nacionales, de acuerdo con los estándares internacionales establecidos por prestigiosas universidades extranjeras, en los que Colombia, si no puntea, por lo menos sube al podio. La justicia resuelve qué delitos son imputables, de acuerdo con el valor del celular y otros bienes robados, y de las consecuencias de las puñaladas recibidas por la víctima. Los desplazados de la violencia son censados, vacunados contra el covid 19 y bancarizados, condición sine qua non para que puedan recibir los auxilios oficiales. Los pacientes de enfermedades graves se mueren esperando la autorización de la EPS para ser operados, porque no tienen correo electrónico para notificarlos. Las víctimas de derrumbes e inundaciones se amontonan bajo carpas improvisadas, acogidos a la caridad pública, mientras la burocracia tramita los auxilios oficiales, se expiden las disponibilidades presupuestales y se hacen los desembolsos… en fin. Entre tanto, el país sigue su marcha, los emprendedores tocan puertas buscando apoyo y cumplen engorrosos trámites para poder funcionar; los empresarios perseveran para superar dificultades y tienden la mano al gobierno; la academia investiga y propone; la jerarquía católica ora y aconseja; y los aspirantes a conducir los destinos de la patria cada uno dice tener las soluciones precisas a todos los problemas, y la fórmula para convertir a Colombia en el Japón de Suramérica. Esta última idea ya había sido planteada hace 47 años por López Michelsen.