La democracia impone que los titulares en posiciones que deciden sobre los procesos administrativos o legislativos del país, se sometan al escrutinio de los electores, para confirmar su continuidad por un tiempo constitucionalmente señalado, o se releven. Los aspirantes proponen y el pueblo dispone. La permanencia dilatada de los gobernantes en la conducción de las comunidades, cuando se da por la fuerza o se consigue mediante métodos tramposos, es ilegal y arbitraria; y puede ser objeto de movimientos, a veces violentos, para derrocar a los usurpadores. Hubo una época en la que partidos políticos de arraigo en la opinión pública dilataban sus mandatos con distintos líderes, alternativamente. Esa práctica parece superada, porque los nuevos tiempos orientan las propuestas de gobierno por caminos más pragmáticos que ideológicos. La economía globalizada se impuso sobre la filosofía; el mercado prevalece y el humanismo se esfuma; las fronteras ideológicas desaparecieron, para dar paso al imperio de los medios de comunicación; y el liderazgo se compra en los baratillos electoreros. Para donde se mire, desde la culta Europa hasta la joven América, en los gobiernos se impuso la mediocridad y el gran capital prevalece, por encima de valores y principios sustentados en culturas tradicionales, refinadas con el discurrir del tiempo; y la concentración de la riqueza es ostensible. Ambos factores: gobiernos sin ética e ideales y capitalismo voraz, generan la plaga más depredadora de la humanidad: la desigualdad social. Esta realidad es inocultable, tirios y troyanos la reconocen y todos los aspirantes al poder prometen superarla, pero “de aquello nada”, como dicen los locutores deportivos en los partidos de fútbol que avanzan en el tiempo 0-0.
Distintas a los gobiernos en su conducción son las instituciones de funciones específicas, como la educación, la salud, la infraestructura vial, los servicios públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las organizaciones de investigación científica, la producción agrícola y pecuaria, el comercio exterior, el manejo monetario, el control financiero, el fomento industrial y similares, que requieren continuidad en los procesos, manejo especializado y estabilidad administrativa. Error craso es involucrar las actividades descritas en el sube y baja de la politiquería y el clientelismo, cambiando timoneles para saciar apetitos burocráticos. Esos timoneles, así reclutados, llegan a cumplir consignas de jefes políticos y suelen dar al traste con instituciones, entidades y empresas. En éstas, cuando tienen funciones específicas, el ideal es la continuidad de ejecutivos que realicen sus tareas con eficiencia, en beneficio de la prosperidad colectiva.             
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