Es recurrente que los problemas sociales solo se atienden cuando las comunidades afectadas protestan, se altera el orden y del enfrentamiento con las fuerzas militares salen lesionados graves, o muertos. A lo anterior agréguesele que los movimientos mediante los cuales los grupos sociales afectados exigen el reconocimiento de legítimos derechos suelen ser infiltrados por otros actores, que aprovechan el río revuelto para pescar beneficios inconfesables. Por eso se encapuchan, para no ser identificados. Esos son criminales que pervierten movimientos sociales justificados. Por andar englobados en actividades frívolas, los gobernantes aparecen muy tarde a enfrentar los problemas, advirtiendo que no negocian bajo presión. Pero si no hay presión no actúan.
Los acuerdos a los que se llega entre el Gobierno y los reclamantes normalmente aquél no los cumple, porque los compromisarios oficiales, después de firmar los arreglos, se esfuman y las soluciones quedan en manos de burócratas que actúan políticamente, según directrices de sus padrinos, como sucedió con la implementación de los acuerdos de paz y con la puesta en marcha de la Justicia Especial para la Paz, que fueron saboteadas por la politiquería y el odio a Santos, sin pensar en el daño que se les hacía a todos los colombianos, especialmente a los marginados, pobladores de territorios a los que no ha llegado el Estado con sus beneficios y han vivido sometidos al imperio de la violencia.
Para no hablar de casos aberrantes como Electricaribe y el acueducto de Santa Marta, para mencionar solo dos ejemplos. Después de un tiempo, las comunidades, cansadas de esperar se rebotan a instancias de algún político en campaña, que jura que “conmigo sí”; y resulta que “conmigo tampoco”, pero el tipo asegura chanfaina para cuatro años, al cabo de los cuales se hace reelegir con los mismos engaños, y el “oscuro e inepto vulgo” avala sus pretensiones. De esa manera, maestros, trabajadores, estudiantes y otros sectores sociales han sido engañados una y otra vez; con el agravante ahora, a instancias del populismo de izquierda o de derecha, y del “socialismo del siglo XXI” que Maduro y sus secuaces quieren imponer en América Latina, de que las manifestaciones pacíficas terminan en bochinches destructores, para motivar la represión oficial y provocar el rechazo de la sociedad, lo que deja en veremos justos reclamos.
Ante la convocatoria de un paro nacional para el 21 de noviembre, para el que ya deben estar preparando sus “argumentos” destructores (piedras, bombas, etcétera) los terroristas, el presidente Duque debe decidir la forma de pasar a la historia: como político o como estadista. “El poder es para poder”.