“El que mucho habla mucho yerra”, enseña la prudencia, lo que desconocen gobernantes locuaces, que con el pretexto de “hacer presencia gubernamental y acompañar al pueblo”, como dicen para justificar sus frecuentes e innecesarios desplazamientos, pierden tiempo que debían utilizar en sus despachos atendiendo asuntos vitales; gastan inmensos recursos en seguridad, viáticos de comitivas, transporte y demás; improvisan discursos oportunistas para apoyar a políticos de provincia, cuyos votos necesitan en los debates parlamentarios; hacen promesas que no saben cómo van a cumplir; y dan órdenes a subalternos para atender peticiones de voceros comunitarios, que indefectiblemente no se cumplen. O, al calor de la euforia, asumen funciones que no les corresponden. A un presidente de la República de antigua data, ante las denuncias de la comunidad en Buenaventura por irregularidades de determinado funcionario, ordenó su captura públicamente, tal vez porque se le olvidó cuál era su función en el Estado. Es posible, también, que la soberbia lo hubiera traicionado.
Otra práctica usual de altos dignatarios es proclamar como generosidad suya la ecuanimidad que la Constitución Política y las leyes les imponen, pero no resisten la tentación de atacar a sus opositores con sutilezas, porque, más que deberes institucionales, deben cumplir compromisos con jefes de bancadas parlamentarias, que sí tienen muy claro el peso de su poder.
La paz no es un acto de generosidad de los dignatarios del Estado con la sociedad que representan, sino una obligación constitucional que juraron cumplir cuando se posesionaron. Pero si se trata de desbaratar realizaciones de adversarios, por nobles que hubieran sido, todas las mañas se valen. Lo que se manifiesta con frases “envenenadas”, como decir que se apoya una “paz sin impunidad”, sugiriendo un sometimiento incondicional del adversario, y castigos humillantes. Con triquiñuelas se logró en el Congreso Nacional dilatar la implementación de las leyes necesarias para el cabal funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz, JEP, de espaldas a los intereses del país, especialmente de las víctimas del conflicto armado, para atender intereses políticos inspirados en odios personales. Y ahora, ante la contundencia del apoyo internacional al proceso de paz firmado con las Farc y la evidencia de sus buenos resultados, los funcionarios responsables de sustentarlos, atendiendo instrucciones de “jefes supremos”, dilatan los procedimientos y esconden los recursos. Y el Primer Mandatario, ante delegados de organismos internacionales, después de ofrecerles opípara cena con show musical incluido, para prenderle una vela a la paz y otra a los voceros del odio, declara que “la paz no tiene dueño”. ¿Qué quiso decir?
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