Es despreciable la doble intención de los hombres públicos en sus actos; y, en general, la de quienes tienen responsabilidades sociales. Decir algo para seducir adeptos cuando se tiene la intención de hacer lo contrario, es una vileza. Eso es, sin embargo, lo que sucede con algunos aspirantes a conquistar el poder. En la medida que la democracia se ha degradado, tal actitud de los dirigentes ahora tiene visos de normalidad. Los extremistas sin ideología ni principios halagan a las masas populares con promesas de bienestar y, al mismo tiempo, coquetean con las élites sociales y económicas, conscientes de que la lucha de clases fracasó con el comunismo. Sin embargo, “in pectore”, aspiran, si alcanzan la cima, a controlar las grandes empresas; y explotarlas a favor de sus intereses electorales y económicos. En ellas están las posibilidades de darles trabajo a numerosos seguidores, sacarles provecho a la contratación y al mercadeo y agregarle al poder político el económico. Normalmente, lo que sucede con tales estrategias es que las empresas se quiebran por sobrecostos y mala administración, los ingresos fiscales se minimizan y los altos mandos políticos y militares, que sostienen a los gobiernos populistas, se enriquecen y sacan el dinero del país, antes de que el andamiaje del Estado se venga abajo. Los ejemplos pueden verse en el entorno latinoamericano. La conclusión es que los populismos son depredadores, pese a lo cual hay un tufillo caudillista en el entorno latinoamericano, que pretende unificarse bajo el mote de “socialismo siglo XXI”.
La sostenibilidad institucional de Colombia, a pesar de la violencia, que ha sido una constante desde los albores de la República, se debe a los empresarios, presentes en todas las regiones, cuya creatividad y eficiencia han sido superiores a los malos gobiernos. Ellos, los empresarios, además, han respetado el orden económico institucional, ajenos a seducciones plutocráticas. Sin embargo, los líderes del desorden quieren ganar prosélitos denigrando del capitalismo. Los empresarios aludidos son comerciantes, industriales, banqueros, aseguradores, transportadores, agropecuarios y otros. El narcotráfico, al que algunos despistados le atribuyen beneficios económicos para el país, por el ingreso de divisas y la generación de empleos, es una actividad criminal que ha distorsionado el sistema, creando una economía subterránea y ha pervertido a la juventud. Nada bueno puede decirse de los narcotraficantes, ahora asociados con terroristas. En algunas empresas industriales y comerciales del Estado han metido la mano los políticos, pero la racionalidad se ha impuesto. Algunas zozobraron, como industrias licoreras departamentales; y otras de servicios públicos cambiaron de dueños, pero sobrevivieron, manteniendo la prestación de sus servicios y conservando los empleos.
Cuando se oye el discurso de los voceros de la izquierda radical, que proclaman que van a respetar la independencia de la empresa privada, surgen interrogantes: ¿Por qué se apresuran a proclamarlo? ¿Piensan así o se ponen la piel de oveja mientras afilan los colmillos del lobo? Gobierno y empresarios es la fórmula ideal.
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