Sin tomar partido en la perjudicial polarización que se vive en Colombia, entre izquierda y derecha exageradas, quienes no estamos en ninguno de los extremos -por lo cual nos insultan de uno y otro lado- debemos procurar el equilibrio y el consenso que garantice unas condiciones mínimas de convivencia; que nuestra sociedad regrese a la sindéresis; que podamos entregar a nuestra descendencia algo de nuestra ya decaída democracia.
Hay factores dañinos que nos afectan a todos; a la colectividad en su conjunto, con independencia de la orientación política o ideológica; y de si se estuvo o no conforme con el Acuerdo de Paz de 2016 -que de todas maneras, aun para quienes no lo compartimos en todos sus aspectos, ha entrado a nuestro ordenamiento jurídico, está en vigor y debe ser cumplido-. Son problemas -algunos viejos, otros nuevos- de orden económico, social, ecológico, de gobernabilidad. Los más graves, los provenientes de la violencia que a todos amenaza.
Pregunta: ¿cómo es posible que la sociedad colombiana -Gobierno, órganos de control, partidos, medios- no se alarmen ante la ruptura de un principio total de la democracia como el elemental derecho a la vida? ¿Cómo entender que no sea prioridad buscar el cese de la ola criminal desatada, en un macabro plan que se adelanta de manera sistemática contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, desmovilizados?
La actividad asesina en desarrollo no puede verse como algo normal en una sociedad civilizada. La nuestra parece haberse acostumbrado, no solamente al diario reporte de personas muertas a manos de sicarios en distintos lugares del país, sino a la impunidad y a la vacía respuesta según la cual “se trata de hechos aislados”.
El Estado ha perdido el control de la situación. Es incapaz de garantizar el derecho a la vida. Como si no existiera. Son varios los departamentos en que la vida de las personas está en permanente riesgo, y en que la población sabe que no tiene protección.
El artículo 11 de la Constitución proclama que el derecho a la vida -el derecho básico, sin el cual los demás son imposibles- es inviolable. Que no habrá pena de muerte, aunque la realidad indica que el liderazgo social -por ejemplo- ha pasado a ser motivo de “ejecución”, no se sabe por orden de quién o de quiénes. Hipótesis van y vienen, y el aparato criminal sigue actuando.
Dice el preámbulo de la Constitución que ella fue establecida "con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz".
El artículo 2 señala que "son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución" y que "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades".
Reglas bien inspiradas, desarrolladas en la jurisprudencia, pero hoy inanes; el Estado colombiano no ha podido y, al parecer, no las puede cumplir.