Leí el Informe de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, solo para constatar su falta de “sentido de realidad” y de objetividad.
Apenas si alude a que los asesinatos de defensores de DD HH, que adjudica a “presencia insuficiente del Estado”, ocurren en municipios con “enclaves de producción de coca”, identificados por su oficina contra la Droga y el Delito.
La ONU descubre el agua tibia sobre la causa de la violencia, pero pasa por encima y no hace recomendaciones contra el narcotráfico. Tampoco es descubrimiento identificar los municipios cocaleros;  Colombia los conoce porque en ellos pone los muertos del narcotráfico, desde que Santos, por exigencia de las Farc, Maduro y Correa, dejó el país infestado de coca.
Indignante la distinción entre grupos “criminales” y “armados no estatales”, donde están las disidencias y el ELN, los cuales, por lo tanto, para la ONU ¡no son criminales!, sino armados para una revolución justificable; una concepción que explica la presión para dialogar con los narcoterroristas que, además de su alianza con Maduro y su plan pistola, asesinaron a 22 jóvenes, pero no son “criminales”.
Exhorta a redoblar esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz, como si el Gobierno no lo estuviera haciendo, aun en medio de la pandemia. 
Insta al Estado a mayor presencia para contener la violencia el control territorial por los armados no estatales y los criminales; pero no lo “insta” a perseguir al narcotráfico. 
Urge a la Comisión de Garantías de Seguridad a adoptar una política de desmantelamiento de organizaciones criminales, como si el Gobierno no la tuviera y no tuviéramos Fiscalía.
Urge a los “armados no estatales” a respetar el DIH, pero no “insta” al Estado a desmantelarlos, sino que legitima su lucha armada y “valora positivamente la negociación”.
Llama al Estado a responder a las manifestaciones pacíficas con estándares internacionales, olvidando que no han sido “pacíficas”, sino infiltradas por vándalos pagados por oscuros y no tan oscuros intereses políticos.
Insiste en garantizar a indígenas y afrodescendientes autonomía y derecho al territorio, pero no menciona sus inmensas extensiones y no los “insta” a  dejar la violencia contra propietarios legítimos y fuerza pública.
Urge al Estado a preservar el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero no a las Farc a decir la verdad, devolver y reparar.
Insta al Ministerio de Defensa a castigar la violencia sexual en la fuerza pública, pero calla frente a las aberraciones impunes de las Farc. 
Urge al Estado, insta a todo el mundo, quiere cogobernar, mientras pasa costosa factura. Pero Colombia no es una republiqueta, sino un país soberano. Por ello, respetuosamente, “insto” al Gobierno a “pararle el macho” a esa organización miope.
Para terminar, la ONU “invita” al Estado a ratificar el Acuerdo de Escazú.