La justicia se convirtió en costosa mercancía pagadera en metálico, pero también con burocracia o mermelada, ya sea para perdonar culpables o condenar inocentes, contra toda evidencia o comprando testigos. Una justicia para retaliar contra quienes no comulgan con las decisiones del poder. Una justicia que se quitó la venda para escoger a quién castiga y a quién perdona, y a qué precio.
El ícono de la Iustitia, con su balanza, su espada y su venda, es una alegoría “de la fuerza moral en los sistemas judiciales”, algo que no pasaría de lugar común, de no ser por el drama que representa para el país contrastar ese deber ser con la realidad de nuestra justicia. Cómo no pensar en su refundida “fuerza moral”, que deviene de la confianza de quienes se someten a ella en el pacto social; con la Ley como referente y con instituciones y jueces respetables.
¿A dónde fue a parar la fuerza moral de nuestra justicia?, que la tuvo, antes de que los constituyentes del 91 convirtieran a los altos jueces en electores, de que empezaran a funcionar las puertas giratorias y los intercambios de favores entre los tres poderes, que perdieron por ese camino su independencia, piedra angular de la democracia.
Hay dos casos sintomáticos de ese tránsito de la fuerza moral al “relativismo moral”. El primero: Mientras la justicia desplegó su artillería para investigar, juzgar y condenar a los responsables de “parapolítica, nunca hubo el mismo despliegue con la probada “Farcpolítica”. Por qué no hay investigados ni condenados; por qué la Corte descalificó la evidencia de los computadores de Reyes. ¿Cuál fue el precio de preservar las negociaciones con las Farc? Se advierte la mano de Leonidas Bustos, proclamado por Santos como el magistrado de la paz.
El segundo: Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, fue condenado por la Corte Suprema sin pruebas concluyentes y con particular dureza. De los nueve magistrados, uno se declaró impedido; cuatro fueron mencionados expresamente en los audios de la DEA, Bustos entre ellos, ponente de su sentencia condenatoria. Tres más fueron mencionados indirectamente, y el único no incluido, Eugenio Fernández, salvó su voto arguyendo que se violaba el derecho de Arias a su defensa. ¿Cómo confiar en ese veredicto y esa condena? ¿Cuál fue el precio de la persecución a Arias y al uribismo?
El actual ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, contrató “a dedo” más de tres billones de pesos, como denunció Caracol antes de que la publicidad estatal silenciara a los medios. Por muchísimo menos le dieron a Arias ¡17 años!, pero en este caso no se sabe de investigaciones ni de afán de la justicia por actuar de oficio ante la denuncia pública.
Nota Bene. ¿Será cierto que el contralor Maya desmontó la Auditoría de la vigencia 2016 al Ministerio de Agricultura? Qué coincidencia.