El país esperaba sindéresis en el Consejo de Estado frente a la solicitud de dar vía libre, ni siquiera al fracking, como pregonan los ambientalistas, sino a una reglamentación provisional que permitía desarrollar los “pilotos” recomendados por la comisión de expertos. 
Sin embargo, los magistrados, que saben más que los expertos, le dieron un portazo a la posibilidad de los pilotos, recomendados para establecer riesgos y definir normativas técnicas para un manejo controlado. 
Aún no hay pronunciamiento de fondo, pero es mala señal que el Consejo suspenda la reglamentación provisional y, de confirmarse esa posición, el país estaría condenado a ser inviable en el mediano plazo, pues las reservas alcanzan para seis años de crudo y diez de gas. Después…, a importar. 
Se dejarían de recibir 20 billones de pesos en divisas y las reservas se consumirían en el pago de importaciones petroleras. Después… el caos. El Gobierno dejaría de recibir 10 billones en impuestos y las regalías serían algo del pasado. Se estancarían las obras públicas, el empleo y los proyectos sociales, entre ellos la implementación del Acuerdo, que nació desfinanciada, como toda promesa populista. 
Colombia perdería credibilidad y caería la inversión extranjera. Las costosas importaciones afectarían el transporte y los alimentos, jalonando la inflación y acrecentando la pobreza. ¿Acaso el Consejo de Estado responderá cuando eso suceda?
Nuestra justicia parece vivir en otro país. Los casos asombran: desde el “cartel de la toga”, la “volada” de Santrich, la impunidad de la JEP y las libertades por vencimiento de términos, hasta los jueces que, con más argumentos políticos que técnicos, le dan vía libre al microtráfico, bloquean la erradicación de cultivos ilícitos, detienen megaproyectos como la Carrera Séptima en Bogotá, aprueban tutelas que garantizan insólitos “derechos” que colapsan a las EPS, y ahora empujan al país a la quiebra. 
Es el gobierno de los jueces, ciegos a la realidad del desarrollo sostenible del fracking, al que le apuestan Canadá, Estados Unidos y Australia, entre otros. Es la coadministración desde la justicia, herencia de la Constitución del 91, que decide lo que se hace y no se hace, al vaivén de corrientes de opinión manipuladas en las redes como lo “políticamente correcto”. Es el gobierno de los jueces sin el mandato ni la responsabilidad del gobernante. 
Hay que diversificar las exportaciones y la canasta energética, y acelerar la reconversión del transporte, pero mientras tanto es irresponsable cerrarle la puerta a la autosuficiencia petrolera con la precaución recomendada por los expertos. Es una talanquera al progreso y un suicidio económico, patrocinado, como siempre, por la izquierda, que extiende su mano populista a los ambientalistas que sueñan un mejor país, pero a espaldas de la realidad.