Si la ministra del Transporte hubiera coronado el negocio que intentó hacer a favor del Grupo Aval e impedido que el tribunal de arbitramento fallara sobre la corrupción del Consorcio Ruta del Sol 2 y de sus socios, Odebrecht y Corficolombiana Aval, a los colombianos nos habrían sacado del bolsillo 1,2 billones de pesos para los bancos, incluidos seiscientos mil millones para los de Luis Carlos Sarmiento Angulo. También estaríamos sin conocer las corruptelas y truhanerías cometidas en ese negocio, según las detalló el tribunal. Y los bancos del Grupo Aval, por una decisión abusiva y montada sobre mentiras, habrían quedado formalmente declarados por la ANI -por el Estado, supuestamente- como “de buena fe”, la condición que puso la Corte Constitucional para aprobar el artículo 20 de esa ley sastre, la 1882 de 2018, bien bautizada Ley Sarmiento Angulo (http://bit.ly/2LXNP7w).
Pero el tribunal, además de declarar nulos, por corruptos, los contratos del Consorcio Ruta del Sol 2 y negarle sus pretensiones tramposas, le impuso al Estado pagar 24 mil millones de pesos, de los 211 mil decididos en el laudo, ¡un billón menos de los que intentó en su jugadota Ángela María Orozco! Por ese solo hecho, por lo menos de inmensa irresponsabilidad, en otro país, gobernado con la pulcritud con la que no se gobierna a Colombia, la ministra ya habría tenido que renunciar. Muy mal cayó que Duque saliera a defenderla, como hizo con Carrasquilla, acto que también explica por qué perdió su primer año de gobierno.
La inhabilidad legal de la ministra Orozco para actuar en este caso no ofrece dudas, de acuerdo con la Ley 1437, que le prohibía tomar decisiones sobre el Grupo Aval por lo menos hasta el 19 de julio de 2019, deber que no cumplió. Mas lo nuevo al respecto es que, por dicha ley, también resulta encartada Marta Lucía Ramírez, dado que las pruebas confirman lo dicho por Semana acerca de que fue la vicepresidenta de la República -cercanísima a Sarmiento Angulo- la que, “tras bambalinas”, dirigió la operación para regalarles a los banqueros más de un billón de pesos, con la mitad de esa plata para los del Grupo Aval.
Para felicidad de Sarmiento Angulo, Marta Lucía Ramírez presidió el Comité Interinstitucional del Sector Transporte Ruta del Sol 2 del 21 de diciembre de 2018, Comité que según la ministra le abrió el camino para moverse tras los famosos 1,2 billones de pesos de obsequio a los banqueros. De ahí que la vicepresidenta esté incluso más impedida que la ministra para actuar en lo del Grupo Aval. Porque mientras que la ley obra sobre Ángela María Orozco por un año, la vicepresidenta sufre de una inhabilidad permanente, en razón de que a ella la obliga -y podría suceder que a Orozco también- el artículo 11, numeral 8 de la ley 1437. Pues esta norma señala que el servidor público no puede actuar en nada relacionado en particular con personas con las que tenga una “amistad entrañable”, dado que esa cercanía -como ocurre con los vínculos familiares- le impide decidir con la imparcialidad en la que deben fundamentarse los actos oficiales.
Al respecto cabe recordar que Germán Vargas Lleras, como ministro de Vivienda de Santos, se declaró impedido para actuar en los negocios de su amigo Alberto Ríos Velilla que tuvieran que ver con su Ministerio, impedimento que le fue aceptado mediante el decreto presidencial 005 de 2013 y que también determinó al funcionario que lo reemplazó, para lo que fuera, en esos asuntos (http://bit.ly/2KNH3Os). Entre las pruebas que se verán en el debate en el Senado y que inhabilitan ética, política y legalmente a Marta Lucía Ramírez para tratar negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no le debería bastar que el Banco de Bogotá le prestó a su campaña y a la de Duque 15.209 millones de pesos, equivalentes al 67 por ciento de sus ingresos totales? (https://bit.ly/2KDzutw). Y más cuando el mencionado Comité Interinstitucional del Transporte que le creó Duque y que ella preside le permite tirar la línea sobre las ocho concesiones viales de Sarmiento Angulo -además de la Ruta del Sol 2-, incluidas la vía al Llano y el puente en Chirajara.
Los colombianos estamos hasta la coronilla de la puerta giratoria por la que algunos pasan de los negocios privados a los públicos y de los públicos a los privados como Pedro por su casa y sin siquiera imponerse el menor impedimento ético, parapetados tras la falacia de que todo lo legal es políticamente digno. Y que, como si fuera poco, si las leyes les estorban o les son insuficientes para lo que desean, entonces las violan o diseñan las trampas que les sirven a sus conveniencias y a los de sus amigotes y luego las convierten en normas legales, como hicieron con la 1882.
Como es obvio, Marta Lucía Ramírez será cordialmente invitada al debate en el Senado sobre la corrupción Odebrecht-Aval del martes 27 de agosto, en el que trataremos la tentativa de regalito de los 1,2 billones de pesos, lo último sobre las platas a la campaña Santos 2014 y las andanzas no debatidas de Néstor Humberto Martínez.