Con esta los invito a construir un gran acuerdo económico, social y político, que represente los intereses de los empresarios y de los sectores populares y las clases medias, a partir de reconocer que Colombia opera muy por debajo de su potencialidad y que necesita, dentro de la legalidad y la economía de mercado, cambios de importancia. Entre esos cambios resalto crear y crear más fuentes de empleo y riqueza, sustituir importaciones y exportar más, mejorar la competitividad, disminuir la desigualdad social, enfrentar sin vacilaciones a los corruptos y garantizar el monopolio estatal y democrático de la fuerza. Realizar además reformas democráticas en educación, salud y ambiente y reducir el maltrato a las mujeres y demás sectores discriminados.
 Y hacer realidad este acuerdo con gran amplitud política y debate civilizado, para poder unir a la Nación en pos de su progreso, en respuesta a las siguientes consideraciones.
 Quien haya seguido la política y la economía colombianas, habrá oído y leído bastante sobre el supuesto gran respaldo de todos los gobiernos a empresas y empresarios. Según los medios, son incontables las leyes del Congreso y las medidas presidenciales expedidas en su favor, retórica que aumenta en elecciones, y más con las falacias de Iván Duque sobre su maravillosa gestión. Según esta fábula, los gobiernos de aquí les han dado igual o más respaldo a los empresarios que los de los países capitalistas desarrollados.
 Pero lo errado de ese relato la prueba el notable subdesarrollo de la economía empresarial colombiana, verdad que no niega progresos que saludo y que deben preservarse. Porque nuestro producto por habitante, antes de la pandemia, llegaba a solo 6.500 dólares, mientras que el de los países desarrollados era de 30 mil y más. Y porque en ellos el desempleo es mucho más bajo y existe poca informalidad, en tanto aquí es al revés.
 Si en Colombia tuvieran trabajo los doce millones que no consiguen empleo, habría 240 mil empresas y empresarios más, con cincuenta empleados cada una. Esto sin mencionar a los cinco millones que se fueron al exterior para poder trabajar ni los 14,7 millones de informales. ¿Cuánto más podría producir y vender la economía si estos colombianos en la pobreza y el hambre tuvieran empleos e ingresos de un salario mínimo? Y esta falta de oportunidades –que también lastra el ingreso y el gasto público en educación, salud, infraestructura y demás servicios– está en la base de la gran corrupción nacional.
 ¿A quiénes responsabilizar por estas dolorosas verdades? Solo hay dos posibilidades. Creerles a quienes desde el poder y así sea en forma solapada –con énfasis a partir del gobierno de César Gaviria– les echan la culpa a los empresarios, a quienes sindican de no responder a las muy acertadas medidas de presidentes y ministros y de la tecnocracia extranjera y nativa que les tira la línea, infamia de tono racista que les extienden a asalariados, campesinos, indígenas y trabajadores por cuenta propia.
 El otro punto de vista, planteado muchos años antes de 1990, ha demostrado que los gobiernos nunca han respaldado en serio el desarrollo del país, porque no se han propuesto industrializar la producción urbana y rural, generar muchos y buenos empleos y aumentar la capacidad de compra nacional, que es lo que han hecho los países exitosos, incluidos Corea y China, que en 1950 eran más atrasados que Colombia.
 La responsabilidad política de esta gran mediocridad económica y social –irrefutable por las pésimas cuentas macroeconómicas y los inmensos reclamos sociales en especial de los jóvenes– la tienen los mismos con las mismas que han gobernado a Colombia y que se niegan a cambiar sus concepciones. Porque como a la clase política le va bien –¡y muy bien!–, publicitan la especie de que al país le va igual, falsedad que en cada elección creen legitimar con fraudes y clientelismo y el mal uso de la plata oficial.
 Entre las víctimas hay una porción considerable de los empresarios –entre quienes pulula el estancamiento, el retroceso y la quiebra–, porque les creen a esos políticos su disfraz de servidores públicos que dicen gobernar con responsabilidad y acierto. Y porque hasta los chantajean con la demagogia de incluirlos en el reparto de la plata del Estado.
 Porque Colombia sí tiene arreglo y en este país el sol puede brillar para todos, bienvenidos los empresarios y los asalariados, al igual que toda la nación, a construir este proyecto democrático.