El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó deshacer el negocio que creó a Medimás EPS nos dio la razón a quienes interpusimos una acción popular en su contra y es de importancia superlativa. Por lo que decide, ¡y porque establece que las compraventas de las EPS no son “negocios entre privados” que pueden hacer lo que se les dé la gana!, falacia que han intentado imponer los gobiernos de Santos y Duque -otra vez de acuerdo. y que facilita el desgreño y la corrupción con los recursos públicos de la salud. Que el Consejo de Estado no vaya a cometer el gravísimo error de echar atrás lo decidido.
El caso Medimás empieza cuando la Superintendencia de Salud, en 2010, le ordenó a Saludcoop EPS dirigida por Carlos Palacino devolverle al sistema de Salud 627 mil millones de pesos de los que se había apropiado ilegalmente. Luego de un debate mío en el Senado en 2011, la Contraloría aumentó a 1,4 billones la plata a devolver y la EPS terminó intervenida por el Gobierno. Pero los interventores oficiales siguieron con las prácticas de Palacino -hubo sanciones contra ellos y los Supersalud involucrados-, los 1,4 billones se perdieron y la crisis de Saludcoop arrastró a Cafesalud EPS. Y el gobierno de Santos, aunque la presentó como una decisión “entre privados”, determinó venderle Saludcoop-Cafesalud a Medimás, incluida la joya de la corona: los 5,6 millones de clientes que tenía en 2017, con los cuatro billones de pesos anuales que el Estado pagaba por ellos.
Al destaparse el proceso secreto que llevó a la constitución de Medimás EPS, el primer rechazo vino de la Procuraduría, porque fallaban sus bases legales y terminaría mal para la gente. Tan errado y contrario a la ley era, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca alcanzó a otorgarnos una medida cautelar suspendiéndolo, en razón de que los compradores carecían de las condiciones de experiencia y financieras para asumir con éxito esa responsabilidad y porque se les aceptaron las gabelas normativas más insólitas.
Como lo que mal empieza mal termina, en junio de 2018, la Contraloría y la Procuraduría le pidieron a la Supersalud intervenir a Medimás por la mala atención a los usuarios, el incumplimiento de las cuotas de la compra de Saludcoop-Cafesalud, el exceso de contratación con sus propias IPS, los contratos irregulares, etc., etc. Y ha sido especialmente cruel el trato que les ha dado a sus trabajadores, situación que el Tribunal también ordenó corregir.
Entre otras medidas, el Tribunal declaró vulnerados los derechos colectivos constitucionales al patrimonio público, la libre competencia y el acceso al servicio de salud. Dejó sin efectos la venta de Saludcoop-Cafésalud a Medimás, ordenó liquidarla y, por acción popular simultánea, determinó que sus usuarios se distribuyeran entre las demás EPS del país, con las debidas garantías. Exhortó a la Contraloría a investigar a MBA Lazard Colombia SAS, la trasnacional que diseñó el negocio. Llamó a la Superintendencia de Industria a actuar contra las prácticas anticompetitivas. Y estableció que el Decreto 718 de 2017 del ministro de Salud vulneró esos derechos y le ordenó al gobierno derogarlo.
La sentencia del Tribunal -ver resumen en http://bit.ly/2Sxc2Sw- destruye la falacia santista de que el negocio de Medimás lo determinó solita la liquidadora “privada” de Saludcoop EPS. Porque en ese cargo la nombró el gobierno y ella contrató a Lazard para que diseñara el negocio en términos que fueron acordados entre los compradores, la Supersalud, la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, cuyo titular, Alejandro Gaviria, expidió el Decreto 718 de 2017, según el Tribunal, “la génesis de la vulneración sistemática de los derechos” a la salud, al acomodar las normas legales -contra la Constitución-, a la medida de los intereses de las clínicas que montaron a Medimás. Esta puede ser la licitación más “sastre” de la historia del país y por ello, en realidad, con un solo oferente.
Y a pesar de que el Tribunal lo prohibió de manera expresa, hubo una compraventa de acciones de Medimás o, más precisamente, de Prestnewco, la compañía que está detrás de la EPS, decisión que ya demandó por desacato el propio Tribunal.