Que en un Estado de derecho tengamos que acatar y respetar las decisiones judiciales no tiene discusión. Pero hay casos en los que los jueces se equivocan de una manera tan absurda, que sus fallos trascienden el ámbito de las partes y afectan comunidades enteras. ¡Y esto raya con la injusticia, la persecución, la revancha política y el despotismo judicial!
El Tribunal Administrativo de Caldas es uno de esos tribunales que, ante sus decisiones aberrantes y sesgadas, se ha ido convirtiendo en un órgano inquisitivo cuyas decisiones son tan traídas de los cabellos que merecería la intervención de un superior. El respeto del ciudadano a la justicia no nace con el primero; ese respeto se gana y hace parte de una relación armónica, que determina que el pueblo pueda sentir confianza en quien la Constitución designa como el órgano adecuado para garantizar equidad, base primordial de una sociedad pacífica.
Y en nuestro caso lamentablemente no es así. En un fallo notificado el 5 de octubre de 2020, considera el Tribunal que Corpocaldas, el Municipio de Manizales, Construcciones Felipe Calderón y Vélez Uribe Ingeniería S.A.S. vulneraron los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, y deciden que las obras que se desarrollan en la Ciudadela La Aurora o Biociudadela Tierraviva, en el sector La Aurora, sigan suspendidas. Pero, además, en el mismo fallo, impone la condición de que las universidades Nacional y de Caldas adelanten unos estudios técnicos actualizados y complementarios, que determinen la viabilidad del proyecto, obviando la improcedencia de que quienes se han declarado abiertamente sus enemigos, pasen hoy a ser los determinadores de su ejecución.
¿Significa esto entonces que el Tribunal Administrativo de Caldas tiene las facultades para establecer requisitos adicionales a los contemplados en la ley para el desarrollo de proyectos urbanísticos? ¿Puede este Tribunal crear condiciones especiales y específicas, y desconocer los conceptos y permisos concedidos por las autoridades constitucionales? ¿No es suficiente para el Tribunal que las empresas se ajusten a los requisitos legales, y adiciona caprichosamente otros para complacer las vísceras del alcalde? ¿Tendremos entonces que seguir contando con estudios y autorizaciones de las universidades Nacional y de Caldas para desarrollar proyectos de vivienda? ¿Puede un tribunal administrativo legislar, condicionar, rechazar, desconocer o restringir derechos que están orientados a garantizar la seguridad jurídica?
Este proyecto urbanístico ha cumplido con todos los requisitos de ley. Tanto el municipio de Manizales, como Corpocaldas han expuesto en todos los estadios y estrados su procedencia legal, y han demostrado que se ajusta perfectamente a los parámetros contemplados en las leyes preexistentes. Pero, a ojos del Tribunal Administrativo de Caldas, faltan los requisitos absurdos de la aquiescencia de los enemigos del proyecto, en quienes delega su concepto previo.
Y no solo eso: ordena la conformación de un comité para verificar el cumplimiento de la sentencia, compuesto por los mayores enemigos de la constructora. Exige la participación del magistrado ponente de este absurdo jurídico, Dohor Edwin Varón Vivas; la Personería de Manizales, aliada indiscutible del alcalde verde; el Ministerio Público, quien se ha mostrado complaciente, connivente, cómplice y guardián del alcalde Marín; el Defensor del Pueblo, de las entrañas del Ministerio Público; y un representante de Aguas de Manizales, empresa que lógicamente domina el alcalde. ¿Habrá garantías en un comité con esta conformación?
Así, el alcalde Marín, en otra de sus farsas, solicita que se nombre un alcalde ad hoc para que se encargue de todo lo relacionado con La Aurora, después de haber actuado durante nueve meses como parte procesal. Y deja a sus aliados en el Tribunal, Procuraduría, Personería, Defensoría y Aguas de Manizales, para que ejerzan una función de verificación que, en pocas palabras, significa apartarse fingidamente del proceso y someterlo al poder de decisión de sus amigos, quienes a su vez son declarados enemigos del proyecto. ¡Nos creen estúpidos!
El Tribunal Administrativo de Caldas no solo está cohonestando el orgullo, soberbia, prepotencia y sentimientos viscerales de su alcalde. Hoy juega con la estabilidad jurídica del municipio de Manizales, quien saldrá seriamente lesionado por estas absurdas decisiones. ¡Ojalá prospere la apelación de las constructoras! ¡Pobre mi Manizales!