El 25 de enero de 2019 escribí en este espacio un artículo sobre el problema que afrontan los comerciantes que están utilizando las terrazas y antejardines para uso comercial (aproximadamente 700 en Manizales), e hice alusión a la disposición que había de encontrar una salida concertada con la Administración municipal.
En uno de los apartes expresé: “Pero hoy nos enfrentamos a un problema que, de no solucionarlo rápido, podría traer consecuencias enormes para la ciudad: la carencia de regulación, reglamentación y normalización de estas áreas convirtieron en ilegal lo justo, y en ilícito lo que venía funcionando sin problema alguno. La administración municipal tiene unas razones jurídicas incontrovertibles que la obligan a proceder, y los comerciantes unas razones económicas, sociales y lógicas que los tiene en vilo.”.
¿Qué ha cambiado hoy? Que ya se produjo el primer fallo legal en contra de un comerciante que tuvo que modificar su terraza (en la que había invertido grandes recursos) y hay en curso otros procesos que seguramente terminarán en fallos similares. Es decir: lo que ha cambiado es que, como el tiempo está corriendo en contra de los comerciantes y amenaza con ahogarlos en un mar de indecisión, las posibilidades de concertación se cierran para darle paso a las decisiones judiciales.
El señor alcalde se ha mostrado accesible a presentar un nuevo proyecto de acuerdo ante el Concejo de Manizales, partiendo de la fijación de una tarifa y mediante el cual se regularicen los espacios hoy ocupados en actividades comerciales, lo que permitiría solucionar el problema de hecho que se ha presentado. Igualmente, dentro de los comerciantes hay quienes se niegan rotundamente a pagar cualquier tarifa y otros que estarían dispuestos a hacerlo si de ello se deriva su estabilidad y tranquilidad legal.
A mi modo de ver hay aquí una discusión conceptual que aleja las partes y que merece urgente atención pues, de no hacerlo, nos vamos a ver enfrentados a una catástrofe comercial con consecuencias irreparables: quienes se niegan al pago, argumentan razones de ley válidas pero que, para hacerlas efectivas, se requiere de procesos largos y dispendiosos ocasionando que, mientras se surten las acciones en curso (y las nuevas que se presenten), los órganos judiciales y de policía tengan que actuar con base en las normas que nos rigen, y la Administración tenga que basarse en esas mismas normas para proceder, así no lo quiera, en contra de los comerciantes. 
¿Qué hacer entonces? Se le propone a la Administración que solicite la suspensión de los procesos en curso mientras se le da trámite a un nuevo acuerdo que regularice las terrazas, antejardines y zonas verdes, y permitir así que se entre a una concertación pacífica, civilizada, cordial y legal sin que las partes se sientan presionadas, bien por situaciones legales que aquejan hoy a los comerciantes, o por vías de hecho, ofensas, malos tratos o lesiones que se puedan presentar por quienes hoy se sienten atropellados. Igualmente, el concejal Jorge Alberto Betancur, vocero de los comerciantes de La Enea y presidente de la comisión cuarta del Concejo, encargada de estos asuntos, ha manifestado su voluntad de encarar el proceso de concertación y colaborar desde su espacio para que este problema tenga una solución armónica para las partes.
La Administración insiste en el cobro de una tarifa y se muestra accesible a reducirla por debajo de la más económica cobrada en las demás ciudades del país. Ella tendrá que aportar los elementos legales que le permita la creación de dicha tarifa, y los comerciantes, en medio de ese diálogo, podrán exponer sus argumentos para oponerse. ¿Qué puede salir de estas discusiones? Un acuerdo basado en la voluntad de los comerciantes, de la Administración y del Concejo de acabar de una vez por todas con los riesgos de que esta vocación comercial, que tanto desarrollo le ha dado a la ciudad, se vea derrumbada por falta de regularización. Hoy, por fin, existe la posibilidad de una concertación entre todas las partes, ¡y no la podemos desaprovechar!