Con esta columna seguramente me seguirán lloviendo denuestos, insultos y amenazas, y la bodeguita verde tratará de hacer ver mis planteamientos como un tema personal, o me tildará de monotemático para desviar la atención. Pero es que, a medida que profundizamos en las denuncias, nos encontramos con verdades aterradoras que son difíciles de callar.
Por ejemplo: el contrato de la Alcaldía de Manizales con Telecafé por valor de $ 470.000.000, que termina siendo una tercerización, triangulación o asignación directa del alcalde por valor de $ 427.300.000 a AM Copiano, (empresa que le sirvió de soporte publicitario en su campaña), tiene más aristas de las que a simple vista percibimos.
La Ley 1150 de 2007 contempla que las entidades estatales pueden celebrar contratos o convenios interadministrativos de manera directa, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. En nuestro caso, es evidente que, aunque Telecafé modificó sus estatutos en enero de 2017 ampliando su margen de servicios, muchos de los ofrecidos a la Alcaldía de Manizales no se encuentran comprendidos dentro de sus actividades legales, lo que la obliga a subcontratar la totalidad del objeto planteado, de manera directa, con la empresa elegida previamente por Carlos Mario. Y en esa pequeña vuelta quedan perdidos la suma de $ 42.700.000 que se gana Telecafé por su intermediación. Es decir, el contrato inicial por valor de $ 470.000.000 queda convertido en otro por valor de $ 427.300.000, más un 10 por ciento que se refleja como utilidad en la entidad que se presta para la corrupta asignación.
Pero esto no es todo. Parece que Telecafé se viene prestando para este tipo de operaciones desde hace ya un tiempo, convirtiéndose en una entidad no solo comisionista de otras entidades públicas con quienes realiza los contratos interadministrativos, sino cómplice de las maniobras fraudulentas de los funcionarios para evadir los controles establecidos en la Ley 80 de 1993; en este caso, cómplice de la alcaldía de Carlos Mario Marín Correa. ¿Y por qué puedo afirmar que esta práctica es usual en Telecafé? Veamos lo que dice el informe de auditoria de cumplimiento de la Contraloría General de la República vigencia 2017: “Hechos que se presentan ante los incumplimientos evidenciados: Con la inclusión de las nuevas actividades comerciales en su objeto social, la Entidad incursionó en la prestación de nuevos servicios relacionados con la operación logística, sin que previamente haya efectuado la debida planeación y la implementación de procedimientos formales, para la asunción de las responsabilidades inherentes al desarrollo de estas nuevas operaciones comerciales…  Subcontratación de terceros para la ejecución de los contratos de operación logística, cuando funge como contratista, ante la falta de experiencia para su realización.” Y Nexia M&A Internacional S.A.S., refiriéndose a esta y otras irregularidades, concluye: “Las causas de las falencias reveladas se asocian con la poca idoneidad y cualificación que tiene TELECAFE para avocar este tipo de contratos”.
 
Por la forma como procedió Telecafé con Carlos Mario y AM Copiano, vemos que sigue ejerciendo de compinche de funcionarios inescrupulosos que, amparándose en la figura de contrato o convenio interinstitucional, violan la Ley 80 de 1993 y cercenan los principios contemplados en ella para la contratación estatal. Simplemente Telecafé presta su nombre para un contrato interadministrativo con la Alcaldía de Manizales, y termina subcontratando con la empresa designada de antemano; y por esa triquiñuela nos termina despojando de una millonaria suma. ¡Es la transparencia verde!
En este caso, las ganancias que muestra Telecafé  por su gestión, significan detrimento para la Alcaldía de Manizales, pues le están pagando para disimular los apetitos políticos de la nueva administración, y compensar favores personales del Alcalde. Aquí sería imposible que la Contraloría no encontrara irregularidades en el estudio que abordó, ya que hay elementos claros y evidentes para hallazgos fiscales, administrativos y penales que difícilmente podrán disimular. Y Telecafé debería ser objeto de una minuciosa investigación, pues no podemos admitir que el propio Estado sea quien atente contra las finanzas públicas, bajo la utilización de esguinces jurídicos que se convierten en los mejores instrumentos de corrupción.
¿Cómo quedarnos callados ante tanta desvergüenza?