Los medios anuncian como una derrota del gobierno Duque el hundimiento de dos proyectos de actos legislativos que hacían tránsito en el Congreso de la República: la Reforma Política y la Reforma a la Justicia. Y muchos de ellos lo hacen con cierto aire de triunfo, solazándose porque este Gobierno, que rompió con la práctica de la mermelada periodística, fracasa en sus intentos ante el Congreso. ¡Qué barbaridad!
Lo único que demuestra el hundimiento a través de mañas de estas dos grandes reformas, es que mientras el Congreso de la República esté compuesto por muchos miembros inescrupulosos, politiqueros, arteros y corruptos, las posibilidades de sacar adelante alguna ley que los controle y les corte las alas a sus ambiciones desmedidas serán nulas, independiente de quien nos gobierne.
Porque no es la primera vez que se fracasa en estos intentos. La reforma política ha sido propuesta muchas veces en el Congreso y, como aprobarla significaría un cambio en las costumbres de hacerse elegir, de proceder electoralmente y de controlar las prácticas donde el dinero predomina sobre las ideas y las dádivas temporales sobre la razón, los mismos congresistas se encargan de hundirla descaradamente para asegurarse su perpetuidad.
Lo mismo pasa con la reforma a la justicia. En un país sensato, las evidencias de una inmensa corrupción en las Altas Cortes, como sucede en Colombia, hubieran provocado una modificación radical de estos organismos hasta llevarlos a recuperar su credibilidad y confianza. Pero no. Nuestra justicia, empezando por las Altas Cortes, tienen un origen político (o, más bien, politiquero) y esto las convierte en fortines burocráticos millonarios que nacen y permanecen sometidos a la voluntad de quienes las eligen, que no son más que aquellos que supuestamente serán vigilados, judicializados, condenados o absueltos por sus nominados. 
Entonces, ¿de qué se ufanan los opositores al enrostrarle la derrota en el Congreso al gobierno Duque? ¿Habrá motivo digno para alegrarse con que se hundan los proyectos presentados por el ejecutivo, mientras el país sigue dominado por políticos inmensamente millonarios cuyos dineros oscuros son la base de su poder? 
Ante esta polarización política que afecta el país, los valores se están perdiendo. No puede ser posible que unas reformas como las mencionadas, se hundan en el Congreso y solo motiven unos cuantos titulares escondidos en la prensa nacional. El beneficio, por ejemplo, de la inútil permanencia del Consejo Superior de la Judicatura, tal y como opera en este momento, solo se ve reflejado en los políticos que lo manejan y en el poder burocrático, económico y electoral que les reporta su existencia. O la obligatoriedad de las listas cerradas en las elecciones a corporaciones públicas, solo perjudicaría a los políticos tradicionales o a quienes tienen bolsillos millonarios para repartir coimas en cada elección. O la implementación del voto obligatorio, que solo perjudicaría a éstos últimos. 
La prensa, repito, debería profundizar mucho más en las implicaciones que tiene para el país el hecho de que las cosas sigan como van: una actividad política totalmente pervertida sobre la que redundar sería inútil; y una justicia cada vez más ahogada, más deslegitimada, más corrupta y más sesgada; unas cortes cada vez más desautorizadas, más desmoralizadas y más acomodadas; y unos tribunales y jueces cada vez más influenciados por los poderes que nos dominan, no pueden ser carta de garantía en un Estado que se supone es de derecho. 
Y el silencio de la prensa o, más bien, su indiferencia ante estos hechos, está llevando a convertirla en víctima de su omisión. Ya vemos cómo, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, los juicios más relevantes para el país podrán ser vedados para los periodistas, sentando una jurisprudencia contraria a la ley. En la práctica, las Cortes en nuestro país van adquiriendo un carácter legislativo que pone en altísimo riesgo la concepción republicana de tridivisión del poder. Y para impedir esto, la prensa podría jugar un papel definitivo, si se alejara de sus propios intereses y fungiera como ese cuarto poder con carácter independiente.