La protesta social es un derecho que los colombianos debemos honrar, respetar, tolerar y defender. Como manifestación del pueblo tiene honda validez siempre y cuando se trate del ejercicio del derecho a la protesta y a la movilización pacífica. Pero, como todo lo que ocurre en un Estado Social de Derecho, la protesta social tiene límites relacionados con la ilegalidad de afectar gravemente los derechos de aquellos que no participan en la misma. 
Porque una cosa es que, producto de una movilización o concentración se afecte el transporte y la movilidad de los ciudadanos, y otra muy distinta es que esos movimientos se conviertan en ataques violentos a bienes públicos y privados; hostigamiento, agresión y homicidio de miembros de la fuerza pública; vandalización del sistema de transporte; bloqueos viales, destrucción de edificaciones y bienes muebles; e impedimentos para el desarrollo normal de la vida laboral o académica de quienes no quieren participar en las protestas.
Y ese es precisamente el problema de la movilización anunciada para el próximo 21 de noviembre. Hay un llamado al terrorismo, tal y como lo anuncian cobardes encapuchados en las redes sociales, con la mira a destruir puntos específicos del Transmilenio en Bogotá y del Metro de Medellín, además de otros sectores neurálgicos en diferentes ciudades del país. Adicionalmente, las últimas marchas han estado bañadas de sangre, destrucción y fuego, y ha sido totalmente deplorable ver cómo arden miembros de la fuerza pública en medio de las llamas, provocadas por bombas molotov provenientes de manifestantes desadaptados.
De fuentes muy creíbles llegan noticias de la existencia de agitadores internacionales que han explotado (literalmente) concentraciones en diferentes países latinoamericanos, produciendo grandes desastres en bienes públicos. Y parece que Colombia no será la excepción, pues desde el otro día de la derrota de Petro en las urnas, nos avisaron que Colombia ardería en las calles. Y de eso no dudamos, pues fuimos testigos de la forma como, en medio de su campaña presidencial, utilizó niños de escuelas y colegios para protegerse de las acciones de la fuerza pública, que se vio impotente ante su presencia encabezando disturbios, desmanes y protestas violentas. Y de alguien que no tenga escrúpulos para utilizar y exponer a los niños para su defensa personal, se pueden esperar las más viles acciones. 
Tenemos que reconocer que estamos ante un Gobierno sin liderazgo, sin popularidad y sin poder; que enfrentamos una sensación de ausencia de Estado en diferentes puntos del país; que la falta de posiciones enérgicas para controlar los desmanes de las renovadas fuerzas de narcotraficantes amparados en la farsa de La Habana, está causando desasosiego en los colombianos; y que la pérdida de credibilidad del Gobierno impide ver un norte claro en el futuro del país. Pero es aquí precisamente donde el ejecutivo tiene que demostrar su fuerza. El pueblo exige presencia del Estado para protegernos y, no solo la neutralización de las acciones terroristas que se presenten el 21 de noviembre, sino la judicialización de los autores y el esfuerzo a fondo para evitar que sigan en la impunidad.
La fuerza del Estado tiene que ser más poderosa que la de unos pocos terroristas que se amparan en la pusilanimidad del Gobierno. Llegó la hora de que el presidente Duque ordene proceder enérgicamente y por las vías legales, en contra de quienes violan los derechos de la población que no se identifica con las protestas violentas. Porque, así como defendemos el derecho a las manifestaciones, exigimos el respeto por nuestras opiniones, pensamientos y abstención de participar en marchas y movilizaciones con tintes de actos terroristas.
Por el bien del país, de la democracia y de nuestros valores sociales esperamos que el terrorismo anunciado para el 21 de noviembre sea controlado de forma anticipada, y que quienes insistan en desconocer los derechos de los que no estamos de acuerdo con las causas inocuas, mentirosas, falaces y mendaces que invocan para desordenar el país, sean castigados con la severidad contemplada en nuestros códigos. ¡No más terroristas!