En Colombia vivimos bajo una dictadura. Es una dictadura cruel, inconsciente, despiadada, asesina, terrorista, intimidatoria y empobrecedora. Es el poder de la violencia, el maltrato, el desprecio por los derechos de los demás, la violación de la propiedad privada, la destrucción de lo público, la tortura sicológica, la intimidación social y la imposición de reglas y normas por encima de los mandatos constitucionales y legales. Es una dictadura donde la vida no vale nada. ¡Qué horror!
 ¿Y quiénes la ejercen? ¡Paradójicamente las minorías! Esas minorías que salen de los resguardos indígenas haciendo alarde de sus millones y, a discreción de Petro, sus aliados y las mafias cocaleras, se unen a los camioneros y bloquean las vías y paralizan el país, atropellando la honra, vida y bienes de los colombianos. Minorías que tienen sus propias leyes y en cuyos territorios el Estado no puede ejercer la soberanía (por proteger sus costumbres ancestrales), pero se sienten ellos sí con el derecho de entrar al nuestro a interrumpir la vida productiva del resto del país. Minorías que lo reciben todo sin aportar nada. Sólo pregúntese cuál fue el destino de los más de $ 823 mil millones que el Estado les entregó como producto de la última minga en el año 2019: ¿Hospitales, escuelas, colegios o producción agrícola diferente de coca? ¡No! Pero sí muchas camionetas lujosas, abundante alcohol y drogas que mantienen anestesiadas a sus bases.
Aunque no son estas las únicas minorías que nos dominan. Existen otras tanto o más lesivas y despreciables: las minorías conformadas por vándalos, asesinos, terroristas y destructores que asuelan nuestras ciudades y arrasan todo a su paso. Minorías que se sienten con el derecho de pisotear a los demás, y exigen acabar con la fuerza pública para apoderarse violentamente del país. Minorías que se infiltran en las marchas pacíficas tornándolas vandálicas y acabando con la riqueza del comercio e industria organizados, y que con el tiempo se han vuelto intocables.
¿Y qué tienen en común estas minorías?: a Gustavo Petro. El mayor desestabilizador que ha producido esta tierra y quien, hoy agazapado, ha sabido penetrar con violencia y terrorismo las instituciones y el Estado entero. Y allí, en estas minorías, también hacen presencia las armas, la droga, el alcohol y la miseria humana, que se han constituido en la mayor arma de este “Honorable” senador.
Y mientras tanto, el pueblo indignado y lesionado ve con impotencia cómo esas minorías doblegan al Gobierno y hacen desaparecer la fuerza pública, dejándonos a merced de la delincuencia y el terror. Y empezamos a sufrir el síndrome de Estocolmo: volvemos héroe a un “estudiante” activista de 37 años que llevaba más de 18 cursando una carrera en una universidad pública; consideramos benefactor al camionero que desbloquea una vía para que pase una ambulancia; alabamos al terrorista que porta una bomba molotov y no alcanza a lanzarla; les agradecemos a los indígenas que “solo” destrozaron vehículos particulares y bienes colectivos pero no les causaron la muerte a sus víctimas; consideramos loable que los terroristas solo incendien un CAI habiendo tantos en la ciudad; alabamos a los marchantes porque no lograron incinerar a unos policías; excusamos a los vándalos resentidos que destruyen entidades bancarias, almacenes de cadena y peajes, porque son propiedades de esos oligarcas (entre los que se encuentra Petro artificiosamente camuflado) que hay que empobrecer para lograr la igualdad social.
¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde la fuerza pública que nos debería defender y proteger? ¿Tendremos qué resignarnos a vivir bajo la dictadura de estas minorías? Los millones de colombianos que marchamos y clamamos pacíficamente exigiendo que cesen los bloqueos; que se respete el derecho al trabajo, a la libre movilización, a la salud oportuna y eficaz, a comercializar nuestros productos y a consumir lo que producimos, a subsistir en una sociedad libre; esos millones de colombianos que pedimos institucionalidad, ¿no existimos para el Estado, aunque seamos mayoría?
¡Sí! Vivimos bajo una dictadura perversa que en cualquier lugar del mundo ya hubiera sido derrocada, pues bastaría con que el Estado cumpliera sus funciones. Pero eso en Colombia parece operar solo para la protección de las minorías vandálicas. ¡Increíble y lastimoso!