En agosto pasado preguntaba sobre el silencio del Concejo de Manizales en relación con el bulevar de la 55. Y me sigo preguntando: ¿cuál es el miedo de abordar los adefesios de la administración?
Veamos un resumen de lo expuesto en LA PATRIA el miércoles pasado: La obra se inicia en diciembre de 2016, por un valor de $211 millones, con plazo de entrega de 30 días. Ante el incumplimiento del contratista, se prorroga por 33 días más, pero se “encuentran” con un muro de contención que debe ser reemplazado por uno nuevo, encareciendo la obra en $101 millones, y se extiende el plazo hasta el mes de abril. El contrato se sigue incumpliendo, y en agosto de 2017 se reinician las obras mediante un nuevo contrato por valor de $125 millones, el cual fue suspendido por faltantes en los trabajos anteriores. Hoy se anuncia que esas terrazas serán ocupadas en el mes de diciembre de 2018. ¡Dos años después y con un sobrecosto de $226 millones! Es decir, un 110% de contratación adicional.
Pero eso no es todo. Ahora resulta que esos predios tenían un condicionante legal fijado en el momento de la entrega del lote por la Gobernación, y la Administración municipal ¡no se había dado cuenta! Y, un año y nueve meses después de iniciado ese adefesio, aún no se pueden alquilar los espacios porque falta organizar el agua, el gas y un cable de luz “que hay que bajar como diez centímetros”. 
¿No es esto desgreño, imprevisión, improvisación, dilapidación de recursos y falta de planeación que abre las puertas a la corrupción? Yo sinceramente no creo que el alcalde se embarque en un problema de esta naturaleza por voluntad propia. Pero aquí debe haber unos responsables que, en un aparente afán por “invertir” los recursos públicos, tomaron decisiones sin los sustentos técnicos necesarios y sometieron a los manizaleños a perder millonarios recursos para beneficiar a unos pocos.
Y el alcalde anuncia: “Eso está listo, estoy esperando un concepto de las secretarías de Planeación y Jurídica para pasarle el bulevar al Instituto de Cultura y Turismo y que lo empiece a aprovechar económicamente”. ¡Qué tal! ¿Pasarle la explotación económica de este espacio, precisamente al instituto más cuestionado y donde pasan cosas absolutamente mezquinas? ¡No alcalde! Está bien que se equivoque de buena fe o que su terquedad lo haga cometer errores involuntarios. Pero someter el bulevar, en el cual se han perdido millonarios recursos, a un instituto donde cunde el desgreño, el autoritarismo y el favoritismo, es enfrentarlo a nuevas odiseas innecesarias; porque entraría a hacer parte de ese barril sin fondo en el que se ha convertido el ICTM, donde el dinero no alcanza para cubrir sus obligaciones, el atraso en los pagos con los proveedores de servicios es sistemático y los procesos contractuales ameritan una revisión exhaustiva, drástica y puntual.
Ya la Contraloría Municipal ha anunciado para octubre una auditoría en este bulevar, con la cual debe quedar aclarado todo el asunto y asignadas las responsabilidades. Esperamos que esas acciones se extiendan al ICTM y sirvan para salvar lo que aún queda de esta entidad. 

* * *
El alcalde decidió gastar recursos públicos en la construcción de unas terrazas (bulevar) para explotación comercial, y se encontró con que el lote tenía la limitante legal de ser destinado para usos educativos. ¿Esto no es, en la práctica, lo que han hecho los particulares con sus terrazas y antejardines en algunos barrios de la ciudad? Solo que, en el primer caso, los dineros son públicos, la inversión se duplicó, el tiempo se extendió, y aún se siguen presentando dificultades técnicas y administrativas. En el segundo, la inversión es privada, el embellecimiento es evidente, la utilidad y el aporte al desarrollo del municipio es incuestionable, y la generación de nuevas vocaciones comerciales se convirtió en un motor adicional de la economía. ¡Debería tener esto en cuenta el alcalde a la hora de concertar la reglamentación de terrazas y antejardines!