Esta semana fuimos testigos del comportamiento vil de algunos vándalos e inadaptados que, haciendo eco de la voluntad del señor de las bolsas, pretendieron sabotear las actividades de trabajadores y estudiantes en diferentes sitios del país. Vimos cómo se maltrató a la fuerza pública y se atentó contra la vida de algunos policías que, indefensos, fueron arrinconados mientras los lapidaban terroristas encapuchados a quienes parece que se les tiene que respetar todas sus acciones bárbaras porque, de lo contrario, le dan la connotación de violación del derecho a la protesta. Vimos, además, cómo esos terroristas taponaron vías, destruyeron bienes públicos, pintaron y apedrearon edificaciones, buses de Transmilenio, el metro de Medellín y entidades privadas; y vimos, con tristeza, cómo algunos alcaldes trataron de minimizar estos actos vandálicos y de justificar las acciones criminales de estos desadaptados.
¿Es esto justo, admisible, justificable y racional? ¡No! Los alcaldes, como jefes máximos de policía de sus respectivos municipios, tienen la obligación de hacer respetar nuestros derechos y de movilizar la fuerza pública a su mando para garantizarnos la honra, vida y bienes, y el derecho a la libre movilidad, a no protestar, al trabajo y al máximo derecho a la seguridad. Pero aquí parece que prima el populismo y que los derechos de las mayorías son nimios frente a la voluntad de las ínfimas minorías desadaptadas, terroristas, violentas y escandalosas que se están sobreponiendo en la sociedad colombiana. Y parece, además, que clamar por el respeto a nuestros derechos nos hace miembros de un “detestable” sector de la sociedad que no comulga con el comunismo, ni con sus prácticas detestables conducentes al desastre de todo lo que sucumbe bajo su influencia. Es la inversión absurda de los valores donde violar la ley tiene más legitimidad que clamar por el respeto de ella, y reclamar la protección de nuestros derechos es más subversivo que cualquier actitud terrorista o vandálica.
Por eso tal vez los encapuchados se volvieron parte del paisaje, cuando de sus manos salen las armas asesinas, las papas bomba, los cócteles molotov, las piedras y demás elementos contundentes que utilizan para atentar contra la vida de policías y civiles. Y por eso tal vez las diferentes concentraciones vandálicas (que no paros ni manifestaciones) se ganan día a día el rechazo de la sociedad, y están condenadas a morir por consunción. Aunque, como en la carroña, queden rezagos de pestilencia que hay que erradicar, en este caso, mediante los métodos legales, judiciales y constitucionales. Porque el solo hecho de utilizar una capucha en esas asonadas delincuenciales debería ser un delito; esconder la identidad para reclamar supuestos derechos, debería ser motivo suficiente para desconocer su reclamo; y la comisión de actos violentos amparados en el anonimato cobarde de un pasamontañas debería ser agravante de las penas para esos delincuentes.
El Congreso de la República está en mora de legislar al respecto. Y no se trata de contribuir a la hiperinflación legislativa que tiene Colombia, sino en propiciar que, tanto los cobardes, delincuentes, homicidas y terroristas encapuchados reciban el castigo que se merecen, sino además quienes cohonesten sus comportamientos y se alíen con ellos como cómplices de sus actos protegiéndolos para el escape después de arrasar con todo. Es decir, que a quienes se escudan en supuestos infiltrados para destruir y generar caos, se les castigue como coautores por permitir que los criminales marchen en su compañía y los protejan para facilitarles sus actos vandálicos. Sería un buen inicio en el control y freno del terrorismo que cada día gana más espacio en las calles de nuestro país.
Por último, los congresistas, alcaldes y gobernantes que faciliten o instiguen los actos destructivos de quienes salen a destruir las ciudades, deberían recibir el castigo penal y administrativo por negligentes, colaboradores, conniventes y auxiliadores de los criminales que tratan de desestabilizar el país. Acabaríamos de una vez por todas con esa plaga que quiere conseguir todo a costa de quienes trabajamos, producimos, estudiamos y queremos un país mejor. ¡Cárcel para los encapuchados!